17 de julio de 2013 / 18:05 / en 4 años

Gobierno de Perú molesto con decisión de corte que ordena pago de viejos bonos

Por Marco Aquino y Mitra Taj

LIMA (Reuters) - El Gobierno del presidente Ollanta Humala mostró el miércoles su malestar por una decisión del Tribunal Constitucional de Perú que dispuso el pago de una millonaria deuda por bonos emitidos hace cuatro décadas, un fallo que tampoco dejó contentos a los acreedores que temen un desembolso menor a lo esperado.

La corte ordenó el martes al Gobierno preparar en un plazo de seis meses una forma de pago de los llamados “bonos agrarios”, desoyendo el pedido del presidente Humala de evitar fallos “sensibles” que dañen las arcas fiscales.

El monto de la deuda pendiente no se conoce con exactitud, pero estimaciones conservadoras apuntan a entre 1.000 millones y 4.000 millones de dólares. Otros hablan de unos 8.000 millones -alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)- en papeles que están en manos de acreedores locales y extranjeros.

Los bonos fueron emitidos en la década de 1970, en moneda nacional, como compensación por una redistribución de tierras iniciado por el gobernante izquierdista Juan Velasco, quien tomó las haciendas de los ricos y las entregó a los campesinos.

“El tribunal se equivocó por completo”, dijo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, a la agencia estatal de noticias Andina, sobre el fallo de la máxima corte peruana.

“No es el Ministerio de Economía. Son abogados, no consideran los elementos que rigen el manejo económico ni las condiciones cambiantes de la economía global en crisis”, agregó.

La corte dijo que en el plazo de seis meses el Gobierno debe dictar un decreto que reglamente el registro de los denominados bonos agrarios, su valorización y el mecanismo de pago.

Asimismo, tiene un plazo de dos años para reconocer la deuda y a partir de ello un plazo de ocho años para pagarla.

El tribunal señaló en su dictamen que el Estado puede buscar formas de pago alternativas al “efectivo”, como la entrega de terrenos eriazos, rústicos o agrícolas o con la emisión de nuevos bonos con las tasas de interés correspondientes.

El primer ministro, Juan Jiménez, informó que el Gobierno analiza las consecuencias jurídicas del fallo del tribunal porque ésta tiene “incidencia económica importante”. El Ejecutivo “tomará una posición” al respecto, afirmó.

ACREEDORES DESCONTENTOS

José Cerritelli, economista del fondo de cobertura Gramercy con sede en Estados Unidos y que posee algunos de los bonos, dijo a Reuters que el tribunal dio al Gobierno “gran margen de maniobra” para hacer un pago más pequeño de lo que esperaba.

Alfonso Chunga, miembro de una asociación de afectados de la reforma agraria y tenedor de bonos, indicó por su parte que el tribunal dio una resolución “extraña” al aplicar el interés estadounidense, uno de los más bajos que hay en el mercado.

“De ninguna manera estamos felices”, afirmó. Chunga dijo que probablemente se pagarían solo unos 400 millones de dólares.

Según la resolución de la corte peruana, el criterio de valorización del bono “debe ser el de conversión del valor nominal del bono a dólares americanos, más la tasa de interés correspondiente a los bonos del tesoro estadounidense”.

El ex ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo a Reuters que saldar la deuda no tendrá impacto en el presupuesto público, pues el pago ascendería sólo hasta un 20 por ciento de los 4.000 millones de dólares en deuda estimada por los bonistas.

“La primera impresión es que aquí habría un cálculo un poco irreal, porque toma como base el año en que se dejaron de pagar los cupones de los bonos, cuando se había devaluado la moneda peruana (a mediados de la década de 1980)”, afirmó.

“Creo que esto es un perro muerto encubierto (...) lo más probable es que algunos bonistas puedan hacer demandas en el extranjero”, dijo Benavides, que posee bonos agrarios.

El presidente Humala había pedido la semana pasada a los magistrados del tribunal que evitara aprobar fallos “sensibles” como los bonos agrarios, debido a que la mayoría de sus miembros está a punto de ser cambiada para un nuevo periodo. Justamente el Congreso eligió el miércoles a 6 de los 7 jueces de la corte, que tomarán posesión de sus cargos en las próximas semanas.

El fallo de la corte no impactó en la moneda local, que se apreció un poco por los comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, de que el banco será flexible en los recortes a su programa de compra de bonos.

Los rendimientos de los bonos peruanos de referencia, como los de vencimiento 2020 y 2023, cayeron por el contexto externo.

PAGO REFORZARIA CONFIANZA EN PAIS

Aunque los tenedores han presionado desde hace décadas para recibir el pago, la controversia cobra urgencia porque fondos de inversión extranjeros han comprado bonos agrarios en un mercado secundario informal en los últimos años.

Esos fondos están protegidos por el acuerdo de libre comercio que suscribió Perú con Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2009, y podrían, si quisieran, demandar al país andino en un tribunal de Nueva York para solicitar el pago.

Analistas dicen que pagar la deuda reforzaría la confianza de inversionistas en Perú, un gran productor de minerales con uno de los crecimientos más altos en el mundo. El país ahora muestra una desaceleración ante una menor demanda mundial de materias primas.

Tras la reforma agraria del gobierno militar hace unos 40 años, muchos agricultores de clase media, bancos e incluso trabajadores quedaron atrapados en el programa, lo que provocó un derrumbe de la producción agrícola de Perú a la par de la expropiación de unas 5.000 haciendas entre 1969 y 1981.

Desde la década de 1990, Perú se ha despojado del modelo izquierdista de Velasco y se convirtió en una economía de rápido crecimiento, con acuerdos de libre comercio logrados desde China hasta Europa y con grado de inversión crediticia.

Sin embargo, no se sabe cómo el pago de los bonos agrarios podría afectar las calificaciones de crédito del país andino.

Perú tiene una deuda pública equivalente a 35.600 millones de dólares -o 20 por ciento del PIB-, de los cuales un 75 por ciento corresponde a bonos, según datos a mayo del Gobierno.

Reporte de Marco Aquino, colaboración de Ursula Scollo y Teresa Céspedes; Editado por Javier López de Lérida/Manuel Farías

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