Aumenta presión sobre operación de Drummond en Colombia por incumplimiento de ley

miércoles 8 de enero de 2014 16:47 GYT
 

BOGOTA (Reuters) - La presión de las autoridades colombianas sobre la operación de la minera estadounidense Drummond en el país aumentó el miércoles, tras el incumplimiento de la compañía de una ley que obliga a los exportadores de carbón a cambiar la forma de embarque con el fin de evitar contaminación.

Drummond, el segundo productor de carbón colombiano, había expresado su disposición a pagar multas mientras no cumpliera con la nueva normativa para evitar detener su operación, pero el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la ministra del Ambiente revisar la situación del puerto de la minera.

"Ministra (Luz Helena) Sarmiento: viaje a Santa Marta, evalúe la situación del cargue directo, y no dude en tomar decisión que proteja medio ambiente", escribió Santos en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Ambiente tiene prevista una conferencia de prensa a las 14.00 hora local (1900 GMT) del miércoles para revelar la decisión del Gobierno sobre el futuro de la operación de Drummond.

Una eventual suspensión de la operación de Drummond afectaría económicamente al cuarto mayor exportador mundial de carbón, teniendo en cuenta que el mineral es el segundo generador de divisas del país sudamericano.

A partir del 1 de enero entró en vigencia una norma que establece que el carbón debe cargarse en los puertos directamente desde los trenes a los barcos por ductos con sistemas de bandas, para evitar los riesgos de trasladarlo en barcazas a los buques.

El Ministerio de Ambiente había dicho en diciembre que las compañías que no cumplieran con la ley podrían continuar con el sistema anterior, de barcazas, aunque con la imposición de multas diarias, cuyo monto no fue revelado, las cuales Drummond dijo estar dispuesta a pagar.

No obstante, la tensión aumentó luego de que la autoridad autónoma regional Corpamag emitió el viernes pasado una orden para que Drummond suspendiera el cargue y descargue de carbón, una decisión que debe ser respaldada por el Ministerio de Ambiente para que sea ejecutada.

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