Pdta. Brasil aceleraría acceso de firmas acusadas de corrupción a fondos estatales: fuentes

viernes 18 de diciembre de 2015 05:19 GYT
 

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 18 dic (Reuters) - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff planea emitir un decreto el viernes para acelerar el proceso que permitiría que las empresas constructoras involucradas en un escándalo de corrupción recuperen el derecho de recibir dinero del Gobierno, dijeron dos fuentes a Reuters.

Más de 30 de las principales compañías de construcción e ingeniería del país, incluyendo Odebrecht SA, Queiroz Galvão, OAS, y Galvão Engenharia SA, están en una lista negra del Gobierno por su participación en un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera Petrobras y otras firmas estatales.

El Gobierno, sindicatos, empresarios prominentes y políticos quieren renovar el acceso de las empresas a los fondos estatales para evitar que la peor recesión en al menos tres décadas se agrave, dijeron a Reuters dos fuentes de alto rango en el palacio presidencial.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque Rousseff no ha firmado el decreto, pero se espera que lo haga el viernes.

Los fondos del Gobierno, impulsados por un auge ya agotado de las materias primas, tuvieron un rol clave en el escándalo de corrupción. El caso ha paralizado a Petrobras, llevado a cientos de empresas al borde de la quiebra, empeorado la recesión y conducido a decenas de miles de despidos.

Una legislación que permitiría los llamados acuerdos de clemencia entre el Gobierno y las firmas en la lista negra se ha estancado en el Congreso, paralizado por los debates sobre una acusación propuesta en contra de Rousseff y la detención de figuras políticas en medio de la investigación por corrupción.

El lunes el Congreso debe entrar en receso hasta mediados de febrero. Bajo la ley brasileña, el decreto permitiría que los acuerdos entren en vigor inmediatamente. El Congreso tendría entonces 60 días para confirmar el decreto como ley, o rechazarlo.

De ser firmados, los acuerdos restaurarían los derechos de las empresas para pujar por contratos del Gobierno a cambio de una admisión de culpabilidad, que proporcionen evidencia de mala conducta, una devolución de los bienes robados y el pago de multas. Los acuerdos no eliminan los procesos penales contra las firmas o sus funcionarios. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Escrito por Jeb Blount. Editado en español por Carlos Aliaga)