Fiscalía Nicaragua acusa líder opositor en escándalo financiero

MANAGUA (Reuters) - La fiscalía de Nicaragua acusó el lunes de fraude y tráfico de influencias al líder opositor de derecha Eduardo Montealegre por la intervención, quiebra y venta de cuatro bancos privados cuando era ministro.

Las quiebras, de acuerdo con los fiscales, supuestamente no eran necesarias y trajeron pérdidas millonarias al Estado. Montealegre junto a otras 38 personas -entre ellos algunos empresarios- se habrían beneficiado con las operaciones.

"Había una intención clara de quebrar los bancos, aunque no era necesaria ninguna quiebra," dijo en rueda de prensa la fiscal general adjunta, Julia Guido, quien solicitó arresto domiciliario para los acusados y destacó que los delitos llevan una pena de 8 a 10 años de cárcel.

Montealegre fue ministro de Hacienda cuando ocurrieron las quiebras bajo parte del gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), que cumple una condena de 20 años de arresto domiciliario por cargos de corrupción.

Nicaragua gastó al menos unos 492 millones de dólares en emitir bonos, llamados Cenis, para garantizar depósitos, evitar una corrida bancaria y cubrir las brechas del Banco del Café, Banco Intercontinental (Interbank), Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y Banco Mercantil (Bamer)

Guido, cuya dependencia investigó por más de dos años las quiebras de los bancos, dijo tener pruebas de que los acusados se beneficiaron de las carteras y activos de los bancos cuando fueron vendidos, pero no explicó exactamente cómo.

Además de Montealegre, diputado y ex candidato presidencial en las elecciones del 2006, están acusados dos ex presidentes del Banco Central, dos ex ministros de Hacienda, un ex superintendente de bancos e integrantes y ex miembros del consejo del Banco Central, entre otros.

La acusación también incluye a empresarios como el director del periódico opositor La Prensa, Jaime Chamorro.

Montealegre, candidato del derechista PLC a la alcaldía de Managua en las elecciones de noviembre, dijo que se trata de "una acusación política" armada por el Gobierno del presidente y ex guerrillero sandinista Daniel Ortega.