2 de noviembre de 2012 / 21:24 / en 5 años

ENTREVISTA-Tribunal de Perú planea exigir al Gobierno pagar bonos agrarios

Por Terry Wade y Marco Aquino

LIMA (Reuters) - El Tribunal Constitucional de Perú planea exigir al Gobierno que honre finalmente los bonos de reforma agraria que emitió hace 40 años, pero que en la mayoría de los casos no ha pagado, en un fallo que representaría miles de millones de dólares para los tenedores de los títulos en el país y en el extranjero.

El presidente del tribunal, Ernesto Alvarez, dijo a Reuters que la sentencia probablemente saldrá “en los próximos tres meses” y que tendría por objeto limpiar un capítulo amargo en la historia peruana.

Los llamados “bonos agrarios” fueron emitidos como compensación en la década de 1970 dentro de un programa de redistribución de tierras iniciado por el dictador izquierdista el general Juan Velasco, quien trató de tomar las haciendas de los ricos y entregarlas a los campesinos.

Sin embargo, muchos agricultores de clase media, bancos e incluso trabajadores quedaron atrapados en el programa, lo que provocó un derrumbe de la producción agrícola de Perú a la par de la expropiación de unas 5.000 granjas entre 1969 y 1981.

Alvarez dijo que el tribunal está trabajando en una resolución que especifique cómo el Poder Ejecutivo debería valorar los bonos y cuándo se debe pagar.

“Nuestra meta es esa”, dijo a Reuters el miércoles. “Eso abona la necesidad de lograr una compensación adecuada, posiblemente progresiva, para evitar un daño al bien común pero necesariamente cumplir con la deuda interna”, explicó.

Alvarez agregó que la reforma agraria, que trató de crear una sociedad más igualitaria y reparar los legados del colonialismo español, se llevó a cabo “en forma abusiva, prepotente, arbitraria”.

El Tribunal Constitucional ordenó al Ejecutivo pagar los bonos en una sentencia en el 2001. Pero desde entonces una serie de ex presidentes lo han postergado, preocupados por la carencia de suficiente dinero en efectivo para cancelarlos.

El Ministerio de Finanzas, por su parte, ha dicho que no sabe cómo valorar los bonos porque la hiperinflación a finales de la década de 1980 erosionó su valor y la decisión inicial fue muy vaga.

Sin embargo, sí se ha pagado a tenedores de bonos que lograron fallos favorables en cortes menores con determinados premios monetarios. Cientos de demandas han sido presentadas en tribunales menores, pero muchos bonistas nunca se han molestado en demandar y muchos papeles siguen pendientes.

Cálculos conservadores dicen que hay entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares en bonos. Otros arrojan una cifra mayor, de entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, o alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Mucho depende del índice de precios histórico utilizado para calcular el valor de los bonos y el número exacto de los bonos en circulación. Registros detallados no fueron guardados por el Gobierno de Velasco.

Desde la década de 1990, Perú se ha despojado del modelo económico izquierdista de Velasco y se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con acuerdos de libre comercio logrados desde China hasta Europa y con grado de inversión de calificación crediticia.

Sin embargo, no se sabe cómo el pago de los bonos agrarios puede afectar las calificaciones de crédito de Perú.

La limpieza de un esqueleto fiscal sería vista como una ventaja, pero el aceptar pagar los papeles le permitiría colocarlos en los libros del Gobierno. En este momento básicamente no existen en libros de contabilidad oficiales.

Perú tiene una deuda nacional y extranjera en dólares y soles equivalente a alrededor de 36.600 millones de dólares, o un 20 por ciento del PIB. Tuvo un superávit fiscal equivalente al 7 por ciento del PIB en el primer semestre de este año.

Al ser consultado sobre la esperada decisión judicial, el ministro de Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó: “Nosotros vamos a acatar evidentemente lo que diga el Tribunal Constitucional y todas las leyes, nosotros no estamos al margen de la ley ni mucho menos”.

“Como estamos en pleno proceso, diría que no es apropiado pronunciarse sobre el tema dado que el Tribunal Constitucional debe deliberar y hacer lo que le corresponde”, agregó Castilla en una entrevista el jueves con Reuters.

PACTO COMERCIO CON EEUU DA IMPULSO

Aunque los tenedores han presionado desde hace décadas para recibir el pago, la controversia ha cobrado nueva urgencia porque fondos de inversión extranjeros han comprado bonos agrarios en un mercado secundario informal en los últimos años.

Esos fondos están protegidos por el acuerdo de libre comercio que suscribió Perú con Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2009, y podrían, si quisieran, demandar al país andino en un tribunal de Nueva York para solicitar el pago.

“Hay un temor por parte de algunas autoridades del Ejecutivo (...) de que (Perú) sí podría verse perjudicado por la denuncia ante tribunales jurisdiccionales dentro del marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos”, dijo Alvarez.

Eso “podría perjudicar los intereses comerciales y dar una imagen negativa del Estado peruano (...) Por tanto, al Perú le conviene ser visto como una entidad respetuosa del derecho y la ley”, agregó.

Alvarez insistió en que “no hay una resistencia directa por parte del Ejecutivo ahora, sino un deseo de cumplir (con el fallo), pero un deseo de cumplir sin que esto afecte el interés del bien común”.

Los inversores han sugerido la emisión de un nuevo papel a los tenedores de bonos agrarios para extender los pasivos a décadas y evitar poner demasiada presión sobre el presupuesto en un solo año.

Un representante del fondo de inversión estadounidense Gramercy, que posee bonos agrarios, dijo que a la firma le gustaría ver “una solución basada en el mercado”.

Alvarez afirmó que el tribunal estaba dándole vueltas a si se debe dar al Poder Ejecutivo directrices específicas sobre cómo pagar y valorar los bonos a la vez que se concede la opción de sentarse con los tenedores de bonos a negociar un acuerdo.

“Esto sería lo ideal y es lo que queremos”, dijo.

El tribunal es una institución joven, con un mandato muy grande. Fue creado en la década de 1990 para despolitizar el poder judicial, está por encima de la Corte Suprema de Justicia y supervisa si el poder ejecutivo viola los derechos de los ciudadanos.

Alvarez pasó a ser su cabeza este año, después de servir como su vicepresidente. En septiembre, el tribunal confirmó el derecho de la comunidad indígena del Amazonas de impedir la entrada de personas ajenas a sus tierras. El fallo podría frustrar proyectos petroleros y mineros que el Gobierno ha promovido en la selva.

Pero el tribunal también ha luchado a veces para asegurarse de que sus decisiones tengan un peso convincente. Su anterior fallo del 2001 sobre los bonos agrarios fue criticado por ser confuso y carente de fuerza para lograr el pago.

“Nosotros tenemos que evitar emitir una sentencia gaseosa, declarativa, porque nos haríamos daño como institución”, enfatizó Alvarez.

Reporte de Terry Wade y Marco Aquino; Editado en español por Silene Ramírez

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