16 de noviembre de 2012 / 18:03 / hace 5 años

DATOS-Agenda de la negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC en Cuba

BOGOTA (Reuters) - El Gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista de las FARC iniciarán el lunes una negociación de paz con la que buscan poner fin al conflicto interno de casi 50 años, el más prolongado del hemisferio.

A continuación, un listado de temas que serán abordados por los equipos del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

1- Política de desarrollo agrario integral: Es el primer tema que estará sobre la mesa y que forma parte del reclamo histórico del levantamiento armado del grupo guerrillero: una reforma agraria que brinde acceso a las tierras a los campesinos pobres.

El temario incluye el acceso y el uso de la tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza), estímulo a la producción agropecuaria y sistema de seguridad alimentaria.

El presidente Santos impulsó una ley que fue aprobada por el Congreso para restituir las tierras a miles de campesinos desplazados por la guerrilla, por grupos paramilitares de ultraderecha que la combatieron y otros grupos armados ilegales que se involucraron en la confrontación.

Pero durante la instalación de la negociación en Noruega, el principal negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que la titularización de tierras diseñada por el actual Gobierno es una trampa, a lo que Santos replicó afirmando que la restitución de tierras le está quitando las banderas a la guerrilla.

Los analistas sostienen que el tema agrario es complejo porque incluye aspectos como economía, salud, educación que podrían dificultar un acuerdo.

En Noruega, las FARC acusaron a importantes multinacionales como Drummond, Cerrejón, Anglo Ashanti y BHP Billiton de saquear los recursos naturales del país. Del otro lado de la vereda, el Gobierno advirtió que no discutirá el modelo económico y que si la guerrilla quiere cambiarlo debe abandonar las armas, entrar a la política y ganar las elecciones.

2- Participación política: incluye derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y de los nuevos movimientos que surjan de la firma de un acuerdo final de paz.

Contempla también el acceso a medios de comunicación para nuevos movimientos políticos, mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo las poblaciones más vulnerables, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

En este capítulo se discutirá la posibilidad de que algunos jefes de las FARC acusados o condenados por delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos vayan a la cárcel. Márquez dijo que los comandantes insurgentes no irán a prisión.

“¿Cómo van a pretender que vayamos a la cárcel por hacer uso de un derecho universal que nos faculta para resistir un Estado oprobioso?”, dijo Márquez.

Pero la legislación internacional prohíbe que responsables de crímenes de guerra, como de los que están acusados la mayoría de jefes guerrilleros, reciban indultos o amnistías. A nivel interno también hay una fuerte oposición a esa alternativa encabezada por el ex presidente Alvaro Uribe.

El proceso tendrá el reto de garantizar la seguridad de los líderes de las FARC que pudieran formar un movimiento político e impedir que se repita lo que sucedió en los años 80 y 90 con la Unión Patriótica, un partido de izquierda al que se sumaron guerrilleros, y que fue exterminado por escuadrones paramilitares de ultraderecha aliados a efectivos del ejército.

Márquez fue integrante de la Unión Patriótica, pero regresó a la guerrilla ante la falta de garantías.

3- Fin del conflicto: Incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, el abandono de las armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil.

En esta fase, el Gobierno debe revisar la situación jurídica de los guerrilleros encarcelados y estar alerta a la acción de grupos armados ilegales que se oponen al proceso y que buscarían sabotearlo. Un ataque de la guerrilla de gran escala o la muerte de un líder rebelde podría implicar el fin de la negociación.

El Gobierno negó una petición de las FARC de considerar un alto al fuego en el inicio del diálogo y ordenó intensificar las operaciones contra la guerrilla.

Uno de los principales desafíos de la negociación pasará por definir el destino de los cerca de 8.000 combatientes de las FARC y de las cientos de personas que le dan apoyo logístico. Esta etapa del proceso necesitará una millonaria inversión para brindar capacitación a los insurgentes, que no han tenido otra opción de vida que no sean las armas.

4- Solución al problema de las drogas ilícitas: Incluye programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental de zonas afectadas por la siembra de cultivos de hoja de coca, programas de prevención de consumo y la solución a los fenómenos de producción y comercialización de narcóticos.

Las FARC son acusadas de obtener millonarios recursos de la producción y el tráfico de cocaína, situación por la que son consideradas como un cartel de las drogas, pese a que lo niegan.

Los expertos se preguntan si todos los integrantes de las FARC están dispuestos a abandonar el narcotráfico y los millonarios recursos que reciben de esa actividad ilegal.

Comandantes de estructuras rebeldes vinculadas directamente con la producción y el tráfico de cocaína no están presentes en la mesa de negociación y fuentes de seguridad hablan de una posible división al interior de las FARC.

Se corre el riesgo de que algunas estructuras rebeldes desconozcan un acuerdo de paz y se mantengan vinculadas con el narcotráfico al amparo de sus armas como sucedió con miles de combatientes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha en el cuestionado proceso de paz durante el Gobierno de Uribe.

Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína pese a una agresiva campaña de fumigación y de erradicación manual de cultivos y de sustitución de plantaciones apoyada por Estados Unidos y países de Europa.

5- Víctimas: Ambas partes buscarán resarcir a las víctimas del conflicto y garantizar la verdad de lo que sucedió con cientos de ellas que actualmente están desaparecidas.

El Gobierno de Santos dispone de una ley para indemnizar a miles de víctimas de la confrontación.

Después de que se logren acuerdos definitivos en todos los temas se avanzará a la implementación y verificación.

El diálogo se cumplirá bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Reporte de Luis Jaime Acosta.

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