Corte suprema uruguaya restablece amnistía para crímenes durante dictadura militar

viernes 22 de febrero de 2013 15:02 GYT
 

MONTEVIDEO (Reuters) - La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró el viernes inconstitucional unos artículos clave de una norma que permitía juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1973 a 1985, restableciendo la ley de caducidad que otorgó amnistía a algunos acusados.

La decisión deja en el limbo a decenas de procesos que siguen abiertos por crímenes de lesa humanidad durante ese período.

El máximo tribunal no informó los fundamentos del fallo que convierte en prescriptibles los crímenes contra los derechos humanos durante el gobierno militar y los pasa a calificar de delitos comunes, puntos contemplados en los artículos segundo y tercero de la ley.

"Decidimos declarar la inconstitucionalidad para el caso concreto de los artículos 2° y 3° de la ley 18.831", dijo a periodistas el presidente del máximo tribunal, Jorge Ruibal Pino.

El fallo reedita en forma indirecta la ley de Caducidad, o amnistía, aprobada en diciembre de 1986 en el país tras ser negociada por los partidos políticos y los militares durante la transición hacia la democracia. La norma impedía llevar a juicio los casos ocurridos en ese período.

El presidente izquierdista José Mujica, un ex guerrillero que combatió contra el régimen militar, fracasó en sus intentos por anular la ley de Caducidad, por lo que optó por impulsar la norma y logró que fuera sancionada por el Congreso en octubre del 2011.

De otra manera, los crímenes cometidos durante la dictadura hubieran caducado en noviembre de ese año.

A pesar de la amnistía, una decena de militares fueron juzgados y puestos en prisión, como el dictador Gregorio Álvarez y el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, fallecido en julio del 2011.

Unas 200 personas murieron y miles fueron torturadas y abusadas en dictadura, mientras otros debieron exiliarse.

El fallo de la corte se conoce una semana después de que el órgano decidiera trasladar de la justicia penal a la civil a la jueza Mariana Mota, que había protagonizado varios juicios a militares y que tenía en su haber más de 50 causas asociadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.

(Reporte de Malena Castaldi; Editado por Silene Ramírez)