25 de febrero de 2013 / 23:44 / hace 4 años

México promulga reforma legal que arrebataría control educativo al sindicato

Por Lizbeth Diaz y Alexandra Alper

MEXICO DF (Reuters) - Una histórica reforma que promete impulsar al rezagado sistema educativo de México fue promulgada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, pero su puesta en marcha aún debe transitar por un largo camino legal y vencer la resistencia del poderoso sindicato de maestros, el más grande en América Latina.

La reforma, que incluye cambios a varios artículos de la Constitución, busca limitar la enorme influencia que el sindicato ha ejercido por décadas con prácticas corruptas que son vistas por analistas y políticos como una de las causas del atraso del sistema educativo mexicano, que agrupa a unos 35.5 millones de estudiantes desde preescolar hasta la universidad.

Además pretende recabar, por primera vez, datos fehacientes del número de escuelas, maestros y estudiantes que hay en el país con más de 112 millones de habitantes y que tiene altos índices de deserción escolar, estimada en un 16 por ciento en preparatoria, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de las más elevadas de Latinoamérica.

Aunque el Gobierno dice que esa reforma es el primer gran logro de un pacto entre las principales fuerzas políticas en el Congreso para ir hacia otras dirigidas a apuntalar a la segunda economía de América Latina, aún es necesario reglamentarla y cortar gastos al voraz sindicato.

"La reforma constitucional está bien diseñada (...) ahora para que esta reforma funcione se tiene que hacer una reforma a la Ley General de Educación y se tiene que hacer una reforma (para) la creación de una Ley de Servicio Profesional y otra de evaluación", dijo el investigador Ricardo Raphael.

"Si esto no aterriza en medidas reglamentarias, ahí la vamos a perder", agregó el investigador para quien el Estado no debe "doblegarse al poder sindical, cuyos intereses son distintos al avance de la educación".

Para la reglamentación de la ley, el Congreso tiene un plazo máximo de 180 días, período en el cual podrían hacerse o no los cambios a las otras leyes conexas, mientras se pone a prueba la tolerancia del sindicato, de más de un millón de agremiados.

"Nuestros niños y jóvenes merecen profesores capacitados, responsables y cumplidos (...) La reforma contiene reglas claras para que el mérito profesional sea la única forma de ingresar, permanecer y ascender como maestro", dijo Peña en la promulgación de la ley, que fue aprobada en diciembre por el Congreso y luego por la mayoría de los 31 estados del país.

MAESTROS, A RENDIR EXAMEN

Uno de los puntos relevantes del reglamento es el referido a la creación del "Sistema de Servicio Profesional Docente", que fijará los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en sus puestos de acuerdo a méritos.

Hasta ahora el sindicato, dirigido por la controversial Elba Esther Gordillo, ex figura del partido gobernante, controla la distribución de plazas y cargos e incluso la venta de puestos de maestros, en un sistema donde reina la corrupción.

Un plaza de maestro puede ser vendida en hasta 300,000 pesos (alrededor de 23,600 dólares) y la mayoría de los educadores avanzan en su carrera no por concurso, sino por vínculos con dirigentes sindicales, según testimonios de docentes entrevistados por Reuters.

La combativa Gordillo, quien se volvió más influyente en las últimas décadas y tiene su propio partido político, dijo recientemente que su sindicato no está en contra de la reforma, sino de que se ponga en riesgo la permanencia de los maestros en sus puestos de trabajo.

"Estamos con el presidente en el esfuerzo de la modernización (...) no estamos con el Congreso por la palabra permanencia, no la vamos a permitir (...) Evaluar no es decir si no cumples te vas", dijo recientemente la líder sindical, quien lleva 36 años al frente del gremio.

Por su parte, el diputado Jorge Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la reforma no será retroactiva, por lo que no hay riesgo de pérdida de plazas como lo han sugerido sindicalistas.

La reforma también abre paso a la autogestión de recursos en las escuelas, un punto especialmente criticado por el sindicato porque, asegura, propiciará una especie de privatización de la enseñanza al permitir a los directores salir a conseguir fondos para su centro educativo.

Otro punto principal es que le dará autonomía institucional al ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con lo cual le da facultades para diseñar y ejecutar los cambios que vaya requiriendo el sistema educativo.

Algunos analistas opinan que es necesario incrementar el gasto en educación desde el actual 6 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) a 8 por ciento.

Sin embargo, otros piensan que lo que se requiere es hacer recortes a gastos también relacionados con las prácticas sindicales, como los 1,700 millones de pesos anuales que el Gobierno gasta en pagar el salario a unos 22,000 profesores que no dan clases y actúan como "comisionados" para labores políticas y otras actividades que corresponden al sindicato.

(1 dólar = 12.7081 pesos mexicanos)

Editado por Anahi Rama y Ana Isabel Martínez

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