9 de junio de 2016 / 19:27 / hace un año

Venezuela encarga a comités socialistas la venta de alimentos ante la escasez

Una mujer compra alimentos básicos en una tienda en Caracas, Venezuela. 9 de junio de 2016. Venezuela está colocando a comités vecinales ligados al oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) a cargo de la distribución de alimentos, en medio de crecientes y violentas protestas por una escasez crónica que ha golpeado la popularidad del presidente Nicolás Maduro. REUTERS/Ivan Alvarado

CARACAS (Reuters) - Venezuela está colocando a comités vecinales ligados al oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) a cargo de la distribución de alimentos, en medio de crecientes y violentas protestas por una escasez crónica que ha golpeado la popularidad del presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno socialista quiere que agencias estatales compren el 70 por ciento de la producción local de comida y distribuyan gran parte de ella a la población, que está sufriendo por una severa recesión y una inflación de tres dígitos.

Funcionarios dijeron que el sistema reducirá el contrabando de comida subsidiada por el Estado al limitar el rol de los distribuidores privados, a quienes Maduro acusa de acaparamiento y de subir los precios como parte de “una guerra económica” en su contra.

“Es necesario entonces dotarnos, reconstruir un sistema de distribución propio del pueblo, autónomo del pueblo”, dijo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz a un medio estatal.

Pero la oposición rechaza el plan, al considerarlo un sistema de racionamiento discriminatorio que provocará más hambre y que puede dar al PSUV el poder de impedir que los críticos del Gobierno reciban comida.

También argumentan que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (conocidos como CLAP), violan las libertades básicas y no resuelven el problema de fondo que está en una economía poco productiva y en precios artificialmente bajos de los alimentos que fomentan el contrabando.

Los grupos pasaron relativamente desapercibidos cuando Maduro anunció por primera vez su creación en marzo.

Sin embargo, han recibido un ola de críticas por versiones no confirmadas de que los supermercados privados no recibirán más bienes básicos para que los CLAP se encarguen de la distribución, lo que provocó protestas cerca del palacio presidencial de Miraflores la semana pasada.

“El Gobierno quiere salir de esta crisis convirtiéndose en el ‘bachaquero’ (especulador) del miedo y el ‘bachaquero’ del hambre”, dijo Jesús Torrealba, jefe de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Líderes del Gobierno consideran que las críticas son parte de un esfuerzo de la oposición para proteger a contrabandistas y empresarios inescrupulosos. Aseguran que los CLAP no serán los únicos distribuidores de comida.

“Atacan a los CLAP porque funcionan”, dijo el vicepresidente Istúriz.

MEJOR QUE LAS COLAS

En la comunidad de clase obrera de sector Araguaney, en las afueras de Caracas, residentes compraron el miércoles bolsas de comida que incluían: un pollo, pasta y harina de maíz por 2.300 bolívares, el equivalente a 2,30 dólares al tipo de cambio del mercado negro.

“A pesar de que fue poquito, para lo que hay tenemos que estar conformes, porque no hay nada”, dijo Flor Gaviria, de 36 años, quien dejó el año pasado su trabajo en una farmacia porque las colas en supermercados consumían gran parte de su día.

“En el supermercado un pollo vale 4.000 bolívares y tienes que matarte por el pollo”, agregó explicando que no se identifica ni con el Gobierno ni con la oposición.

Los CLAP dicen que las ventas deberían darse cada dos o tres semanas.

Los líderes de los organismos deberían ser determinados por elecciones dirigidas por los consejos locales de la comunidad. El jueves, un funcionario dijo que el PSUV y sus organizaciones afiliadas son la “estructura de base” de los CLAP, a los que describió como organizaciones políticas.

Esta semana, una comisión de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, recibió quejas de que los funcionarios locales del gobernante PSUV han elegido arbitrariamente a los líderes de algunos CLAP.

Los supermercados estatales con comida subvencionada, financiados gracias a la renta petrolera, fueron uno de los programas sociales más apreciados del gobierno de Hugo Chávez, quien falleció en el 2013 tras perder su lucha contra el cáncer.

Pero el desplome en los precios internacionales del crudo ha dejado a su heredero político, Nicolás Maduro, con menos dólares para importar alimentos, mientras las empresas locales tienen poco interés en la producción debido a que los controles de precios a menudo las obligan a vender por debajo del costo.

Cada vez más venezolanos están recurriendo al mercado negro para adquirir alimentos y medicinas escasos, donde productos como la leche o el azúcar pueden llegar a costar 10 veces más que su precio regulado, creando un lucrativo negocio.

Los supermercados privados, bajo estrecha vigilancia del Gobierno, distribuyen cada vez menos productos a los ansiosos consumidores, por lo que en las últimas semanas se han producido decenas de saqueos o intentos de saqueos.

Los adversarios de Maduro insisten en que los CLAP están creando oportunidades para la corrupción de funcionarios públicos y dicen que la única manera de abordar la escasez y el contrabando es desmontar el modelo económico socialista.

“Los CLAP están legalizando el ‘bachaqueo’ por parte de funcionarios públicos”, dijo la legisladora Olivia Lozano.

Escrito por Diego Oré y Javier López de Lérida

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