15 de junio de 2016 / 19:48 / hace un año

Argentina no lograría cumplir con ambiciosa meta de reducción de déficit fiscal en el 2017

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, camina junto al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay (izq.), hacia una conferencia de prensa en la residencia presidencial, en Buenos Aires. 6 de mayo de 2016. El Gobierno argentino sudará la gota gorda para cumplir su meta de reducción del déficit fiscal en el 2017 por el alto costo fiscal de medidas anunciadas recientemente y lo complicado que será aplicar un fuerte recorte de subsidios en un año electoral. REUTERS/Enrique Marcarian

BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno argentino sudará la gota gorda para cumplir su meta de reducción del déficit fiscal en el 2017 por el alto costo fiscal de medidas anunciadas recientemente y lo complicado que será aplicar un fuerte recorte de subsidios en un año electoral.

El presidente Mauricio Macri, que asumió en diciembre con la promesa de reactivar la economía y ordenar las cuentas públicas, probablemente logre su objetivo de cerrar el 2016 con un déficit primario del 4,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero su intención de llevarlo al 3,3 por ciento en el 2017 implica recortar con fuerza los costosos subsidios a los servicios públicos, una medida dolorosa para gran parte de la población en un año electoral en el que el Gobierno necesita ganar influencia en el Congreso, dominado por la oposición.

Por eso, los expertos creen que el ritmo de reducción del gasto será menor a lo esperado inicialmente por Macri. Hernán Hirsch, director ejecutivo de la consultora FyE Consult, estima que este año cerrará con un déficit del 5 por ciento -no muy lejos de la meta oficial- y 2017 con un rojo del 4,5 por ciento.

En medio de este escenario, la misma gestión de Macri debió admitir que el crecimiento de la economía previsto para la segunda mitad de este año gracias a la llegada de inversiones podría demorarse.

“Yo veo complicado (el objetivo de déficit de) este año. Al incumplir la meta de este año se va a hacer muy difícil llegar a la meta del año próximo. Creo que el Ministerio de Economía debería replantear su programa fiscal y darlo a conocer”, dijo a Reuters el economista y diputado por la oposición Marco Lavagna.

Recientemente, el Gobierno elevó las tarifas de servicios públicos y redujo los subsidios a la electricidad, el gas y el agua, una medida que generó fuertes quejas sociales, derivó en órdenes judiciales para frenar algunas alzas y llevó a las autoridades a dar marcha atrás con ciertos aumentos.

Pero los analistas coinciden en que la parte más dolorosa del ajuste aún no ha llegado.

“El Gobierno cuenta con terminar de eliminar los subsidios económicos pero, con las dificultades que está enfrentando este año para aplicar nada más que una parte del ajuste sobre las tarifas, me parece más difícil todavía en un año electoral”, dijo Víctor Beker, economista de la Universidad de Belgrano.

Los subsidios a los servicios públicos, que también incluyen el transporte, constituyen entre el 12 y el 13 por ciento de los gastos totales del Estado, calculó Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

UN HORIZONTE COMPLICADO

Macri busca reducir el déficit fiscal generado por más de una década de Gobierno de la centroizquierda, que sostuvo un alto gasto público para impulsar la demanda doméstica y mantener a flote la economía.

Según datos oficiales, en el 2015 el déficit primario llegó al 5,8 por ciento del PIB.

Entre enero y mayo de este año, el Gobierno ha conseguido recortar el déficit un 46 por ciento, a unos 2.763 millones de dólares, sobre todo gracias a menores subsidios a la energía y a la caída del 6,9 por ciento en la inversión en obra pública.

“Si quieren cumplir con los objetivos de déficit que ellos mismos se han planteado, creo que no les van a quedar muchas más alternativas que ir por una nueva ronda de aumentos de tarifas el año que viene”, dijo Flores.

Además, el Gobierno enfrentará el año próximo una combinación de menores ingresos -por rebajas de impuestos a la exportación de soja y sus derivados- y mayores gastos para paliar el impacto social del ajuste sobre la economía.

Entre esas medidas se encuentra un aumento de las pensiones a jubilados, que tendrá un costo del 1 por ciento del PIB y que este año sería financiado con un plan de amnistía de capitales sin declarar. Pero en el 2017 podría traer dolores de cabeza.

Para el Gobierno, el gasto que implica el aumento de las pensiones “está dentro de los márgenes que se puede trabajar”, según explicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Ratificamos el plan fiscal”, dijo ante la consulta de Reuters.

En el peor de los casos, una reducción menor a la esperada en el déficit tampoco le quita el sueño al sector financiero.

“Si uno ve que el Gobierno está acomodando la macroeconomía, un punto más o un punto menos de déficit no me preocupa”, señaló en una charla con periodistas el presidente ejecutivo del banco HSBC Argentina, Gabriel Martino.

Con reporte adicional de Nicolás Misculin. Editado por Pablo Garibian

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