July 3, 2017 / 6:29 PM / 8 months ago

Congreso peruano destituye a contralor mientras Kuczynski busca tregua

LIMA (Reuters) - El Congreso peruano destituyó el lunes al contralor tras acusaciones de mala conducta en su gestión, eliminando a un duro fiscalizador del presidente Pedro Pablo Kuczynski que parece buscar una tregua con la oposición que domina el legislativo.

Edgar Alarcón había denunciado recientemente presiones del Gobierno para aprobar un polémico contrato aeroportuario, tras la difusión de audios en la prensa local, lo que terminó con la renuncia del ministro de Economía forzada por el Congreso.

El Poder Legislativo es controlado ampliamente por el partido opositor Fuerza Popular del expresidente Alberto Fujimori.

Alarcón estaba siendo investigado por el Congreso por presuntamente hacer negocios prohibidos desde su cargo, por desviar irregularmente fondos para una extrabajadora de su institución y madre de sus hijos, por no declarar sus rentas a tiempo y por coaccionar a un funcionario que lo denunció.

“Soy blanco de ataques masivos de medios de comunicación”, dijo Alarcón -quien asumió el cargo en junio del 2016 para un periodo de siete años- en su defensa el lunes en el Congreso.

La comisión permanente del Congreso, que integran legisladores de varios partidos, aprobó por unanimidad un informe que avaló las acusaciones y acordó remover a Alarcón, acusado de “falta de solvencia e idoneidad moral”.

Tras la decisión, la líder de la oposición Keiko Fujimori -que el año pasado fue derrotada por Kuczynski en un balotaje- difundió una carta en la que invita al mandatario a un diálogo la próxima semana “preocupada” por un “ambiente político de creciente crispación en medio de denuncias de corrupción”.

Más tarde, Kuczynski aceptó reunirse con Fujimori sin mediadores y planteó la cita para el martes 11 de junio.

Hace casi dos semanas, el presidente pareció enviar una rama de olivo al partido que domina el Congreso, al anunciar que era el momento de evaluar un indulto para el exmandatario Fujimori, condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en dos matanzas durante una guerra sucia entre militares y guerrilleros izquierdistas en la década de 1990.

El Gobierno deberá ahora proponer a un nuevo contralor y el Congreso unicameral tendrá que votar para ratificar la nominación.

La salida de Alarcón podría aliviar al Gobierno, pero la contraloría está revisando otros proyectos públicos como el plan de expansión de la petrolera estatal Petroperú y una reciente emisión de bonos por 2.000 millones de dólares.

Reporte de Marco Aquino, editado por Gabriela Donoso y Manuel Farías

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