December 15, 2017 / 9:23 PM / 2 months ago

Víctimas de abusos militares se estremecen ante la nueva ley de seguridad en México

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El activista de derechos humanos Juan Carlos Soni teme que la aprobación el viernes de una nueva ley para regular a las fuerzas armadas mexicanas sea su sentencia de muerte, cuatro años después de haber sido secuestrado y torturado por marinos.

Desoyendo las críticas de organismos de derechos humanos como la ONU, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regulará el despliegue de militares en México pero también ampliará sus facultades.

    Mientras que defensores de la ley argumentan que es necesaria para delimitar el papel de las fuerzas armadas en las acciones contra el crimen organizado, los críticos temen un aumento de la impunidad y las violaciones a los derechos humanos en un país donde la justicia es notoriamente débil.

Soni, cuyo caso fue documentado por la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), relató cómo en 2013 miembros de la Marina entraron a su casa de madrugada rompiendo puertas, le vendaron los ojos y lo llevaron a una bodega en el estado San Luis Potosí, donde lo torturaron usando electricidad en varias partes de su cuerpo.

El profesor rural, quien al momento de los hechos estaba protegido por un programa especial del Gobierno, narró cómo los efectivos lo obligaron a tocar armas y bolsas con drogas para dejar sus huellas dactilares y luego inculparlo de delitos como portación de armas y posesión de droga.

Por estos supuestos delitos fue encarcelado 16 meses hasta su liberación gracias al apoyo de un representante de la ONU en México. “Si les dan ese poder y envían nuevamente a la Armada voy a buscar asilo político en otro país”, dijo a Reuters Soni, de 46 años, poco antes de que se aprobara la ley. “Aunque amo a mi país, si me quedo, me matarán”.

La Marina reconoció, casi tres años después y por la presión de la CNDH, que varios de sus elementos perpetraron los hechos contra Soni, quien aun no ha recibido ninguna restitución. La Secretaría de Marina no respondió de inmediato a solicitudes de información de Reuters.

LICENCIA PARA TODO

Ante la debilidad y muchas veces colusión de policías con criminales, a fines del 2006 el Gobierno comenzó a enviar decenas de miles de militares a puntos violentos para combatir a los poderosos cárteles de la droga, que, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaran en otros delitos.

Con el paso de los años, las denuncias por abusos contra efectivos durante la “guerra contra el narcotráfico” fueron en aumento, con señalamientos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.

    Los opositores al despliegue militar dicen que se ha socavado la confianza en las fuerzas armadas, que por mucho tiempo fueron una de las instituciones más respetadas en México. También señalan que el crimen organizado ha corroído al Ejército, la Marina y la policía.

“No queremos estar en la calle, pero este es el trabajo que se nos pidió”, dijo un soldado, con varios años en la lucha contra el crimen y que habló bajo condición de anonimato.

El efectivo agregó que mantener el orden se hizo más difícil debido a la falta de regulaciones para determinar cómo deberían proceder los militares. “Debería ser la policía quien está haciendo esto, pero no tienen el entrenamiento necesario”.

    Bajo los Gobiernos del expresidente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las fuerzas armadas desempeñaron un papel importante en la captura o muerte de varios poderosos capos en México, pero no han logrado pacificar el país. En los últimos 11 años más de 200,000 personas han sido asesinadas en hechos violentos.

Los familiares de víctimas de abuso por parte de las fuerzas armadas creen que la nueva ley solo dará a los militares más poder para hacer lo que quieran.

    “Les brindará más facultades para llevar a cabo violaciones de derechos humanos bajo la máscara de operaciones de seguridad”, dijo Grace Mahogany Fernández, cuyo hermano fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas armadas en el 2008 en el estado norteño Coahuila.

Reporte de Lizbeth Díaz, editado por Javier Leira

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