July 1, 2015 / 1:41 PM / in 3 years

Militarización de Honduras aplaca homicidios, pero amenaza derechos humanos

TEGUCIGALPA (Reuters) - En apenas dos años, los militares han logrado que Honduras deje de ser el país más violento del planeta, pero las crecientes denuncias de abusos contra los derechos humanos están mostrando el lado oscuro de esta estrategia, criticada por activistas pero aplaudida por la mayoría de la población.

Miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) registran a hombres en busca de drogas y armas, durante un patrullaje en el empobrecido vecindario de Flor del Campo, en Tegucigalpa, Honduras, 29 de abril de 2015. En apenas dos años, los militares han logrado que Honduras deje de ser el país más violento del planeta, pero las crecientes denuncias de abusos contra los derechos humanos están mostrando el lado oscuro de esta estrategia, criticada por activistas pero aplaudida por la mayoría de la población. REUTERS/Jorge Cabrera

Desde que asumió en enero de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández delegó en las fuerzas armadas la inteligencia policial y las operaciones antinarcóticos, al tiempo que desplegó en las calles la Policía Militar de Orden Público (PMOP), un nuevo cuerpo castrense que patrulla violentas barriadas, colegios públicos y parques infantiles.

En realidad, el mandatario lo que hizo fue profundizar el plan de su predecesor, Porfirio Lobo, quien recurrió a los uniformados en 2012 para frenar una década de escalada sostenida de la violencia, agravada por el golpe de Estado hace seis años.

El éxito se ha visto reflejado en un notable descenso de las estadísticas criminales, lo que ha permitido a la empobrecida nación centroamericana ceder a su vecino El Salvador la triste etiqueta del país con la tasa más alta de homicidios del mundo.

Sin embargo, una docena de entrevistas realizadas por Reuters con víctimas, expertos y funcionarios alerta sobre los riesgos de encargar la seguridad ciudadana a una fuerza entrenada para la guerra.

Entre 2012 y 2014 fueron denunciados oficialmente al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de torturas y unas 30 detenciones ilegales o mediante abuso de la fuerza a manos de efectivos militares, según reportes de organizaciones estatales, no gubernamentales y prensa local.

En 2011 y 2010 no hay registros de muertes achacadas a militares, mientras que en 2009 los casos están relacionados mayormente con las protestas que siguieron al derrocamiento del presidente izquierdista Manuel Zelaya por las Fuerzas Armadas, con respaldo de la oposición, los empresarios y la iglesia.

Hasta la fecha, unos 24 uniformados están a disposición de la justicia por cargos de homicidio y varios más están siendo investigados por denuncias que van desde palizas y torturas hasta violación, extorsión, robo y rapto.

Expertos advierten que la situación pudiera ser más grave de lo que muestran las cifras, sobre todo en los barrios marginales bajo el yugo de las pandillas y en áreas rurales como la Mosquitia, donde muchos viven en el fuego cruzado entre los poderosos carteles del narcotráfico con soldados, policías y agentes antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“Seguramente son muchos más, pero la población se siente intimidada. En las zonas remotas es imposible la denuncia”, dijo Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).

RESCATAR LA PAZ

Una tarde del pasado febrero, Luis Betancourt estaba despachando en su frutería ubicada en un popular mercado capitalino cuando fue aprehendido por un grupo de encapuchados, quienes se identificaron como miembros de la policía de inteligencia y lo obligaron a subir en un auto.

“Se me revelaron en el camino: eran militares. Dijeron que por mi cabeza daban 120.000 lempiras (5.500 dólares) y que cuánto iba a dar yo. Me dijeron que si yo no daba nada me iban a matar y que iban a matar a mi familia también”, relató a Reuters el comerciante de 47 años.

Para su fortuna, unos parientes fueron testigos del plagio y alertaron a la Policía Nacional Preventiva que lo rescató poco después. Cuatro miembros de la flamante PMOP fueron detenidos y están siendo procesados por su secuestro.

Otros no tuvieron tanta suerte.

El 27 de mayo de 2012, varios militares persiguieron y acribillaron por la espalda Ebed Yáñez, de 15 años, porque no detuvo su moto en un control militar debido a que no portaba licencia de conducir.

Solo el sargento Eleazar Rodríguez fue condenado a 16 años de prisión por la muerte del adolescente, en una sentencia que dejó desconsolada a la familia al absolver a los otros dos soldados que participaron en la persecución

Desde este primer caso, las faltas graves de los militares han ido en aumento, incluyendo tres acusaciones de homicidio en 2013 y cinco en 2014. Los señalamientos por torturas, arrestos violentos y otros abusos también subieron notablemente.

Para expertos en seguridad como Omar Rivera, director de la organización no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia, esto es solo el principio: “Es de esperar el aumento de los abusos. La formación de los militares es para enfrentar las situaciones balazo a balazo”, dijo a Reuters en una entrevista.

El ministro de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Rigoberto Chang, reconoció algunos de estos casos, pero sostiene que son incidentes aislados y promete justicia.

“Esos militares que violaron el código de comportamiento fueron puestos a la orden de los tribunales. Pero la presencia de los militares en las calles se va mantener hasta restablecer la seguridad”, aseguró Chang en una entrevista con Reuters.

Bajo fuerte presión popular por los recientes escándalos de corrupción, la lucha contra el crimen se ha convertido en el punto fuerte del Gobierno de Hernández, que para 2015 anunció un aumento del 40 por ciento en los efectivos de la PMOP y un alza del 20 por ciento en el presupuesto de defensa.

“Dios tenía designada a esta generación de hondureños (de la Policía Militar) que iba a ser parte del grupo de héroes de la patria que iban a darlo todo por rescatar la paz”, aplaudió el presidente en un reciente acto de graduación de nuevos agentes.

NO IMAGINÉ QUE FUERAN A DISPARAR

Entre las víctimas están sospechosos de robo, acusados de violencia doméstica, manifestantes indígenas y conductores que no respondieron al alto en los retenes del Ejército, lo que revela las graves deficiencias de los de verde olivo para lidiar con la población civil en conflictos cotidianos.

“Voy en marcha, escucho el bombazo (disparo) y se quiebran los vidrios. Sigo porque pensé que me iban a disparar más. Pero los niños gritaban ‘¡Párese, hirieron a alguien!”, contó a Reuters el conductor informal Olger Zepeda sobre el ataque a su microbús, que dejó dos heridos graves de bala, en octubre.

“No me imaginé nunca que me iban a disparar al bus”, agregó Zepeda, quien asegura que no pudo reaccionar a una señal de alto y eso desencadenó el ataque de los soldados.

Pero para un país que según expertos iba rumbo a convertirse en un narcoestado con la tasa de homicidios más alta del mundo -con un récord de 90,4 por cada 100.000 habitantes en 2012, según Naciones Unidas (ONU)-, la militarización está mostrando resultados inéditos, dicen sus defensores.

Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y patrocinado por la ONU, los asesinatos bajaron el año pasado a 68 por cada 100.000 habitantes desde 79 en 2013, al tiempo que se lograron sonadas detenciones de capos ligados a los carteles mexicanos de la droga y la incautación de sus multimillonarios activos.

Washington, con una influencia histórica en Honduras, ha dicho que “respeta” la decisión de utilizar militares para la seguridad, mientras que la ONU recomendó al Gobierno poner una fecha límite para sacar al Ejército de las calles.

Pero el papel de los uniformados va más allá de patrullar calles y fronteras y ahora también combaten la evasión fiscal, gestionan las cárceles, construyen aeródromos turísticos y lideran brigadas médicas en comunidades pobres. Incluso han lanzado masivos programas de prevención para evitar que los jóvenes sean reclutados por las pandillas.

“Es preocupante el militarismo que invade áreas que corresponden a instituciones civiles”, dijo Francisco Zaravia, investigador del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), a Reuters. “Se debilita la institucionalidad pública y pone en riesgo la vida de los ciudadanos”, concluyó.

Pese a las críticas de opositores y analistas de derechos humanos, un 60 por ciento de los hondureños respalda a la nueva policía militar, según un sondeo del Observatorio de Violencia.

“Los niños están contentos”, dijo Tania Rodas, madre de Stéphanie, en uno de los insólitos parques “antipandilla” que se han levantado en la capital cercados por altos muros de cemento.

“Es bien bonito y estamos seguros porque hay militares que nos protegen”, aseguró la ama de casa mientras su familia celebraba el cumpleaños de la niña bajo la atenta mirada de soldados armados con fusiles de asalto y chalecos antibalas.

Escrito por Enrique Andrés Pretel, editado por Anahí Rama

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