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Latinoamérica

ENTREVISTA-Uruguay insiste en regulación integral de mercado de marihuana; difiere con Naciones Unidas

MONTEVIDEO (Reuters) - El Gobierno de Uruguay insiste en que la regulación de la marihuana debe ser integral para enfrentar de forma efectiva al narcotráfico, y que no alcanza solamente con despenalizar su consumo, como sugiere Naciones Unidas en un informe que será presentado esta semana, dijo un funcionario a Reuters.

El país sudamericano, que en diciembre aprobó una ley para regular la producción y el comercio de cannabis, valoró positivamente el nuevo lineamiento que la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) impartirá en Viena los días 13 y 14, aunque entiende que no es suficiente.

“Nosotros, como hace 40 años que tenemos despenalizado el consumo de drogas, tenemos una experiencia, creemos que con la despenalización no alcanza”, dijo el director de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, en una entrevista con Reuters.

En Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, el consumo de marihuana era legal antes de la nueva normativa. Unas 18.700 personas fuman cannabis diariamente y 184.000 lo hicieron alguna vez en el último año, de acuerdo con cifras oficiales.

En su informe, que ha tomado estado público, la ONUDD sostiene que “la despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz para descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación”.

De esta forma, el organismo estaría de acuerdo con que el consumo deje de ser considerado como un delito penal para pasar a ser sancionado con multas o tratamiento médico.

“Ellos (ONU) están mirando a lo largo de la cadena y (sugieren) dejar todo prohibido y despenalizar el consumo. Esto va en un sentido positivo (pero) nosotros hemos avanzando un poco más, porque esto ya lo hicimos”, agregó Calzada.

El funcionario sostuvo que la dinámica de tener el consumo liberalizado y el resto de la cadena penalizada implica que el “usuario tiene que ir permanentemente al mercado negro, alimentándolo permanentemente”.

En Uruguay, uno de cada tres presos está vinculado con el tráfico ilegal de drogas. El presidente José Mujica, un ex guerrillero de 78 años, ha impulsado la nueva normativa para hacer frente a la delincuencia vinculada con el mercado negro y para debilitar económicamente al narcotráfico.

LEGALIZACIÓN Y LIBERALIZACIÓN

Menos de un 30 por ciento de la opinión pública de Uruguay está de acuerdo con la iniciativa, de acuerdo con las últimas encuestas divulgadas. Sin embargo, la propuesta es seguida de cerca por la comunidad internacional que procura una alternativa para pelear contra el tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, la nueva legislación uruguaya ha encontrado críticas tanto desde la ONUDD como desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE).

“Como jefe de la ONUDD, tengo que decir que la legalización no es una solución para el problema de la droga (en el mundo)”, dijo Yury Fedotov el lunes a periodistas.

“Es muy difícil decir que esta ley (adoptada por el parlamento de Uruguay) está completamente en línea con las disposiciones legales de los tratados de control de drogas”, sostuvo refiriéndose a los acuerdos internacionales, entre los que figura la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

Dicho documento habilita el uso de drogas por razones médicas y científicas, pero no con fines recreativos.

En Uruguay, a partir de que la ley sea reglamentada en abril, sus ciudadanos y los residentes podrán cultivar hasta seis plantas de cannabis o comprar 40 gramos de marihuana al mes en una red de farmacias autorizadas, siempre y cuando integren una nómina que será confidencial.

“No liberalizamos el mercado de drogas, nosotros estamos regulando restrictivamente”, dijo Calzada sobre los comentarios de Fedotov.

“Legalización no es solamente liberalización. Nosotros estamos estableciendo reglas, legalizando el acceso de los usuarios de drogas al cannabis, (que) hasta ahora lo tienen restringido (porque) lo tiene el narcotráfico”, alegó.

Según la ley, el Estado será quien regule la importación de las semillas y otorgue licencias a productores privados para el cultivo de cuatro o cinco variedades de la planta para abastecer al mercado interno. La venta estará vedada los extranjeros.

Reporte de Malena Castaldi. Reporte adicional de Irene Schreiber.

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