23 de mayo de 2011 / 19:52 / en 7 años

La batalla por una ley británica de privacidad llega al absurdo

Por Keith Weir

LONDRES (Reuters) - Un político británico desafió el lunes una orden judicial al identificar al jugador del Manchester United Ryan Giggs como el futbolista inmerso en una batalla legal para impedir que los periódicos publiquen acusaciones sobre una supuesta aventura.

La divulgación del nombre de Giggs será vista como una victoria para los medios contra las celebridades y sus abogados tras un intenso juego de persecuciones cada vez más absurdo que llevó al primer ministro británico, David Cameron, a prometer revisar las leyes de privacidad del país.

Los medios británicos llevan semanas luchando contra las “súper órdenes” cada vez más utilizadas por los ricos y famosos. Se trata de órdenes judiciales que impiden la publicación de historias poco favorecedoras e impiden a los periodistas informar siquiera de que existe la prohibición.

Un diario escocés, sujeto a una legislación distinta, publicó el domingo una fotografía de Giggs con una banda negra sobre los ojos el domingo con un artículo afirmando que es “insostenible” impedir a los periodistas mencionar su nombre cuando éste aparece en centenares de mensajes de Twitter, como una de las celebridades que utiliza las órdenes para contener reportes de escándalos sexuales.

“Cuando unas 75.000 personas han nombrado a Ryan Giggs en Twitter, obviamente es impracticable encarcelarlas a todas”, comentó en el Parlamento el político liberal demócrata John Hemming.

Hemming, que ha hecho campaña por la libertad de prensa, empleó el privilegio parlamentario para nombrar al jugador con impunidad.

El Alto Tribunal de Londres denegó dos veces una petición del diario Sun, parte del imperio mediático de Rupert Murdoch, de que le permitieran identificar al jugador.

El juez David Eady dijo que no había interés público legítimo en la publicación del nombre, y luego el magistrado Michael Tugendhat, explicando su decisión, señaló que la ley de la privacidad también estaba relacionada con la intrusión y el acoso.

NOMBRADO EN TWITTER

Giggs, un internacional galés, ha jugado por el Manchester United, actual campeón de liga, durante dos décadas, y es uno de los futbolistas más conocidos del país.

El jugador, de 37 años, está casado y tiene dos hijos, y la afirmación de la estrella de reality shows Imogen Thomas de que tuvieron una aventura ha dañado su imagen como uno de los caballeros del fútbol.

Los abogados que defienden al jugador también han acudido a un tribunal londinense para pedir a la red social Twitter, con sede en Estados Unidos, que entregue información sobre los usuarios de la red que publicaron detalles sobre su vida privada.

Hemming dijo que eso era demasiado.

“Tener a una firma de abogados cara siguiendo a personas comunes, amenazándoles con la cárcel porque chismearon sobre un futbolista, eso es básicamente malo”, dijo el legislador.

Los periódicos ingleses llevan semanas respondiendo a las prohibiciones obtenidas por varios famosos, como actores y otros deportistas, haciendo referencias aparentemente anodinas a ellos en las columnas de sociedad, sabiendo que muchos lectores lo habrán leído en Internet e identificarán los comentarios mordaces ocultos en los textos.

El fiscal general Dominic Grieve anunció el lunes que un comité parlamentario analizará las cuestiones planteadas en una disputa que se ha convertido en un enfrentamiento entre políticos y jueces.

Cameron dijo en una entrevista en televisión que “es bastante insostenible, esta situación, en la que los periódicos no pueden imprimir algo de lo que claramente está hablando todo el mundo”.

“El peligro es que en la práctica, las decisiones (judiciales) están escribiendo una nueva ley, que es algo que corresponde al Parlamento”, añadió.

También los políticos han acudido al privilegio parlamentario para revelar que el ex responsable del Royal Bank of Scotland Fred Goodwin había obtenido una de estas órdenes judiciales. Goodwin fue muy criticado por recibir una generosa pensión a pesar de que su banco requirió un rescate del Estado.

Reporte de Keith Weir; Traducido por Cristina Fuentes-Cantillana en la Redacción de Madrid

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