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Noticias Nacionales

Desmantelar las políticas de Trump: una esperanza lejana para familias de inmigrantes separadas

LOS ANGELES/NUEVA YORK, 29 sep (Reuters) - Un padre venezolano que espera en México para defender su caso de asilo en Estados Unidos y aún no ha conocido a su hija recién nacida, un refugiado iraquí que está atrapado en Jordania pese a que ayudó a soldados estadounidenses, una madre que fue enviada de regreso a Honduras luego de ser separada de sus dos hijas pequeñas en la frontera entre Estados Unidos y México, un repartidor de Mali deportado después de tres décadas en Estados Unidos y una pareja iraní que vive separada desde hace años por una prohibición de viajar de Estados Unidos. Todos han sufrido en carne propia los efectos del objetivo distintivo de la política del presidente republicano Donald Trump en sus casi cuatro años en el cargo: la revisión del sistema de inmigración de Estados Unidos.

Karla Añez sostiene a su hijo mientras posa para una foto en Chicago, Illinois, EEUU. 31 de agosto de 2020. REUTERS/María Alejandra Cardona

Una serie de nuevos obstáculos burocráticos para ingresar o permanecer en Estados Unidos han trastocado la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo.

Trump dice que los cambios eran necesarios para arreglar un sistema de inmigración que, dice, está roto y plagado de lagunas, y, mientras hace campaña por un segundo mandato, la inmigración es una vez más un pilar clave de su plataforma.

Si bien los inmigrantes han enfrentado obstáculos para establecerse en Estados Unidos durante generaciones y la inmigración ilegal ha atormentado tanto a gobiernos republicanos como demócratas, los críticos sostienen que ninguna administración reciente ha sido más diligente y agresiva para sacar adelante una agenda de inmigración restrictiva.

Ahora, muchos inmigrantes enfrentan un nuevo momento de incertidumbre, esperando ver quién gana las elecciones presidenciales de noviembre: Trump o su oponente demócrata Joe Biden. Trump planea expandir y consolidar los cambios en un segundo mandato, mientras que Biden ha prometido deshacer muchos de ellos si gana.

Pero la gran cantidad de nuevas políticas implementadas significa que muchas personas que esperan en el limbo se ven afectadas no solo por una nueva acción de Trump, sino por varias capas superpuestas de medidas. Muchas familias han estado esperando años para resolver sus casos de inmigración e, independientemente de lo que suceda en las elecciones, es probable que esa espera se prolongue aún más.

“Mucha gente tiene en mente que un gobierno de Biden entraría y revertiría todo”, dijo Sarah Pierce, analista de políticas del Migration Policy Institute, un grupo de expertos que tiene su sede en Washington.

“Sería imposible para una nueva administración deshacer todo porque hay mucho por hacer”, dijo Pierce. “La vida de la gente ya ha sido alterada”.

Estas son las historias de algunas de esas personas.

SUEÑOS QUE SE DESVANECEN POR UNA PROHIBICIÓN

Masoud Abdi no ha visto a su esposa Shima Montakhabi desde el 1 de febrero de 2017.

Días antes, en uno de sus primeros actos como presidente, Donald Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos de la mayoría de los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, argumentado la necesidad de proteger al país de “actividades terroristas por parte de extranjeros “.

La pareja, que se conoció y se casó en Irán, vivía en Teherán y esperaba la aprobación de la visa de Montakhabi cuando se anunció la prohibición. Abdi, quien es residente permanente de Estados Unidos, tenía un permiso que le permitía pasar hasta dos años fuera del país sin perder ese estatus.

Pero cuando vio la noticia sobre la prohibición, entró en pánico. Si bien los residentes permanentes finalmente fueron declarados no afectados, en la niebla de esos primeros días, Abdi no quería correr riesgos.

Regresó a Estados Unidos y no se ha ido desde entonces, por temor a nuevas restricciones que podrían poner en riesgo su tarjeta de residencia y su solicitud de naturalización pendiente en Estados Unidos. Montakhabi, investigadora farmacéutica, se quedó en Irán con la solicitud de visa pendiente.

Abdi, médico en Irán, llegó por primera vez a Estados Unidos en 2010 después de obtener una tarjeta verde a través de la lotería de visas de diversidad, un programa que no le gusta a Trump y que tiene como objetivo aceptar inmigrantes de países a los que normalmente no se les otorgan muchas visas.

Cuando él y Montakhabi solicitaron la suya a fines de 2015, esperaban formar una familia en Champaign, en Illinois, en un par de años como máximo. Ahora, ambos tienen cuarenta y tantos años y ese sueño comienza a desvanecerse.

La pareja intenta hablar cada pocas horas, dijo Abdi. Pero a veces internet no funciona en Irán y no pueden comunicarse durante varios días. Cuando esto sucede, dijo Abdi, su depresión empeora. “Hablar con ella es todo lo que me motiva para vivir”, señaló.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que una versión revisada de la prohibición de viajar entrara en vigencia en diciembre del 2017. Desde entonces se ha expandido a otros países.

Hasta agosto de 2020, más de 41.000 personas que buscaban visas de inmigrante y no inmigrante se han visto afectadas por la prohibición, según el Departamento de Estado. La emisión de visas de inmigrantes a iraníes cayó casi un 80% desde el año fiscal 2016 al 2019, según datos del Departamento de Estado.

Biden ha dicho que levantaría la prohibición de viajar si resulta electo. Pero Abdi y Montakhabi también se ven afectados por otros cambios en la política.

Mientras espera en Illinois, Abdi dice que no puede permitirse reducir sus horas de trabajo como investigador clínico. Está preocupado de que se le pueda prohibir el ingreso de Montakhabi si sus ingresos caen debido a un requisito patrimonial más estricto para las personas que patrocinan a sus familiares con el objetivo de que se unan a ellos en Estados Unidos y a otra medida que requiere que los nuevos inmigrantes tengan fondos suficientes para cubrir los costos de atención médica.

Los requisitos están siendo impugnados en los tribunales, pero, mientras tanto, Abdi tiene menos tiempo para obtener su licencia médica estadounidense.

Otra nueva prohibición también afecta a la pareja. El Gobierno dejó de emitir casi todas las nuevas tarjetas verdes familiares en abril del 2020 hasta fin de año, argumentando que la medida protegería los empleos estadounidenses en medio de la pandemia.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses están exentos, pero Abdi todavía está esperando la naturalización. Con Trump, los tiempos de procesamiento para el trámite de naturalización casi se han duplicado, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Estado dijo que no podía comentar sobre casos individuales de visas.

“Esta no es la América de mi infancia, la tierra de las oportunidades”, dijo Abdi. “No es una tierra de oportunidades para mí. Estoy atrapado aquí y mi esposa está atrapada en Irán”.

SEPARADOS Y SIN PODER REUNIRSE

Maynor intenta mantener el ánimo de todos. Es bueno en eso, una habilidad que ha cultivado como vendedor ambulante de naranjas en California, para así ganar el suficiente dinero para alimentar a sus dos hermanas pequeñas. Pero la resulta difícil lograrlo cuando su madre, María, que vive en Honduras, llama para hablar con sus hijos y simplemente llora.

“Digo a mi mamá que tiene que darles motivación a ellas, pero ellas se ponen a llorar cuando ella llora”, dijo Maynor, de 32 años, sobre sus hermanas.

La última vez que las hermanas de Maynor vieron a su madre fue hace casi tres años, cuando Michelle tenía ocho años y Nicole solo tres y aún la amamantaban. A la familia no la identificamos con su apellido porque las niñas son menores de edad y su abogado está preocupado de que se perjudique su caso.

María y sus hijas fueron atrapadas cruzando la frontera entre Estados Unidos y México cerca de San Luis, en Arizona, en diciembre del 2017, en un momento en que el gobierno de Trump estaba implementando lo que se convertiría en una de sus políticas más controvertidas: una ofensiva contra los cruces ilegales que llevaron a la separación de familias de migrantes.

Después de unos días de detención, un agente fronterizo vino a llevarse a las niñas, dijo María. La pequeña de tres años se agarró con fuerza a su madre y todos lloraron, recordó. María fue llevada en autobús a un centro de detención para adultos y no supo dónde estaban sus hijas durante casi dos semanas.

“Todo este tiempo quedé en blanco”, dijo María. “No me daban ganas de bañar, ni hacer nada. Quería morir”.

Finalmente, funcionarios estadounidenses le dijeron que sus hijas habían sido enviadas a un refugio en California cerca de donde vivía su hermano Maynor.

Ella había sido deportada años antes luego de intentar cruzar a Estados Unidos. Durante los tres meses que estuvo detenida, María dice que un abogado le dijo que su única opción era la deportación: con sus hijos o sola.

El ICE confirmó las fechas de su deportación en 2009 y la separación de sus hijos y posterior deportación en 2018. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que alberga a niños migrantes, dijo que no podía comentar sobre los casos de sus hijas debido a problemas de privacidad.

María dijo que huyó de Honduras después de que los pandilleros amenazaron a Michelle, y la idea de que sus hijas regresaran a uno de los países más violentos de Centroamérica la hizo entrar en pánico.

“No me dieron ninguna opción”, dijo en una entrevista telefónica desde Honduras. “Regresé destruida a Honduras”.

Más de 2.700 familias fueron separadas cuando Trump anunció oficialmente, en mayo del 2018, una política de “tolerancia cero” para enjuiciar a todos los que cruzaban ilegalmente la frontera y a la que se dio marcha atrás meses después ante la indignación internacional.

Pero el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que miles de niños fueron separados antes y después de ese período. Algunos padres fueron separados de sus hijos porque estaban siendo acusados penalmente por cruzar ilegalmente la frontera, otros por dudas sobre sus identidades o antecedentes, según documentos judiciales.

Las niñas se fueron con Maynor, quien en ese momento vivía con su novia y un recién nacido. Pero su novia le dijo que no quería la carga adicional de cuidar a sus hermanas, así que echó a Maynor y a las niñas, dijo.

“Hubo un tiempo cuando Nicole se encerraba en su cuarto, no quería comer o salir. La señora que la cuidaba me llamaba asustada y tenía que salir a mi trabajo. Yo me salía casi diario”, dijo Maynor.

Ahora las niñas pueden intentar solicitar asilo o una forma de alivio conocida como estatus especial de inmigrante juvenil o SIJ. Pero una serie de cambios implementados por el gobierno de Trump lo han dificultado. Los fiscales generales del mandatario han emitido fallos para limitar el otorgamiento del asilo sobre la base de denuncias de violencia de pandillas, por ejemplo, y han aumentado su escrutinio de los casos de SIJ.

María trabaja limpiando casas y todavía ve a los pandilleros que, dijo, amenazaron a su hija. Se derrumba cada vez que habla de estar separada de sus hijos.

“Incluso si me dieran solo una vez al año para ir, en una fecha específica, iría y saldría de nuevo, también yo voy a obedecer”, dijo María. “Haría cualquier cosa, sólo para verlas de nuevo”.

UN PADRE QUE NO CONOCE A SU HIJA

En mayo, la hija de 2 meses de Landys Aguirre fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos en Chicago con fiebre alta. Vio en fotos y videos granulados, que le envió su esposa Karla Añez, que el rostro, los brazos y las piernas de la bebé estaban hinchados.

A 2.400 kilómetros (1.500 millas) de distancia, Aguirre, comenzó a llorar en una habitación de hotel en México donde alojaba producto de un programa del gobierno de Trump diseñado para disuadir la migración. Deseaba poder estar allí para consolar a Añez y a su hija, a quien aún no había conocido.

La pareja huyó de Venezuela en 2019 para buscar asilo político como simpatizantes de un partido de la oposición. Aguirre dijo que había sido secuestrado y torturado por grupos progubernamentales. La pareja se presentó en un puerto de entrada de Estados Unidos con copias de un examen forense y evidencia fotográfica de la tortura de Aguirre. Reuters revisó los documentos, pero no pudo confirmar de forma independiente las acusaciones de persecución.

Aguirre dijo que nunca tuvo la oportunidad de presentar los documentos a un oficial de asilo.

En cambio, se le ordenó que esperara en México una audiencia en la corte de Estados Unidos bajo el programa del gobierno de Trump conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) implementado en enero de 2019, que ha enviado a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas.

La administración estadounidense dijo que el programa desalienta las “solicitudes de asilo falsas”.

Los funcionarios fronterizos de Estados Unidos determinan caso por caso quién está incluido en el programa. Añez, que estaba embarazada de cinco meses en ese momento, pudo entrar para presentar su caso de asilo. Se dirigió a Chicago para reunirse con su madre, que había llegado dos años antes.

Le envió fotos a Aguirre de su embarazo y de cuando dio a luz en marzo. En mayo, cuando su hija enfermó y él temió que pudiera morir, consideró nadar a través del río Bravo, que marca la frontera entre Estados Unidos y México, pero decidió no hacerlo.

Sintió que su caso de asilo era sólido y no quería ponerlo en peligro. Después de más de una semana en el hospital, la bebé se recuperó.

“Esto es desesperante, cruel, duro y doloroso. Estar aquí en México solo sin ayuda de nadie con peligros y extrañando ver a mi esposa e hija que no conozco”, dijo Aguirre.

“Me presenté en el puente voluntariamente para pedir ayuda y protección, no para que me enviaran a México como un delincuente cuando soy un hombre profesional con más de dos títulos y vengo huyendo por persecución política”, apuntó.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que no podía comentar sobre casos individuales debido a cuestiones de privacidad.

Biden se ha comprometido a poner fin al programa MPP si gana en noviembre. Pero no está claro cuál sería el destino de quienes ahora están atrapados en él. Muchos viven en tiendas de campaña, refugios y habitaciones alquiladas en vecindarios peligrosos en México, con riesgo de secuestros y extorsiones.

Las posibilidades de Añez y Aguirre de obtener protección estadounidense también dependen del destino de otra regla de Trump, una que prohibió el asilo para casi cualquier persona que transitó por un tercer país y no buscó refugio en otro lugar primero. Fue derogada en un tribunal federal y ahora está suspendida, pero la Corte Suprema aún podría anular ese fallo.

Y Añez, que solicita asilo, podría enfrentar nuevas barreras para la emisión de un permiso de trabajo y otros límites propuestos en las nuevas reglas.

Aguirre permanece en un hotel en Reynosa, una de las ciudades más violentas de México, mientras espera la fecha de su audiencia de asilo. Originalmente programada para el 6 de abril, se ha retrasado cuatro veces debido a la pandemia.

Ahora está programada para noviembre.

DEPORTADO DESPUÉS DE TRES DÉCADAS

Ibrahima Keita caminaba el 22 de mayo del 2018 hacia su automóvil antes de su trayecto matutino a una escuela en los suburbios de Cincinnati, cuando dos agentes de inmigración se detuvieron y lo arrestaron por estar en el país ilegalmente.

Keita preguntó si podía llevar a sus hijos a la escuela primero, ya que su esposa, Neissa Kone, no tenía licencia de conducir. Los agentes le dijeron que no era posible. Sin embargo, sí llamaron a la puerta para contarle a su esposa e hijos lo que estaba sucediendo.

Sus hijos -Abdul, que entonces tenía cinco años, y Solomon, que tenía siete- se pusieron a llorar. Kone cayó de rodillas y suplicó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no se llevaran a su esposo, dijo.

Keita, de 61 años, originario de Mali, había estado en Estados Unidos desde 1990.

Huyendo de un régimen dictatorial, cruzó ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá y solicitó asilo. Siete años después, en una cita en la corte para defender su caso, su abogado nunca llegó, dijo. Sin saber si se le permitía asistir solo a la audiencia, esperó fuera del juzgado durante horas. El juez ordenó su deportación de Estados Unidos por no presentarse, según documentos judiciales vistos por Reuters.

Mali no emitió documentos de viaje de Keita, por lo que se quedó. En 2008, el ICE asignó a Keita, que no tiene antecedentes penales, una “orden de supervisión”, lo que le permitió trabajar en Estados Unidos siempre y cuando se registrara regularmente. El ICE confirmó las fechas de la orden de expulsión de Keita y su posterior orden de supervisión.

Durante sus últimos años en el cargo, el expresidente demócrata Barack Obama se centró en deportar a inmigrantes con antecedentes penales, pero Trump cambió ese enfoque con un decreto del 25 de enero del 2017 para que ningún infractor de inmigración se libre automáticamente de la aplicación de la ley.

El ICE dijo en un comunicado que el memorando de implementación que acompañaba el decreto dejaba en claro que la agencia ya no eximiría a “clases o categorías” de inmigrantes de la aplicación de la ley y que cualquier persona “que viole las leyes de inmigración puede estar sujeta a arresto, detención y, si se encuentra removible por orden final, expulsión de Estados Unidos”.

El gobierno también dijo que aumentaría la presión sobre los países que no habían cooperado en la aceptación de deportados.

En el año fiscal 2016, el último del gobierno de Obama, alrededor del 14% de los inmigrantes arrestados por el ICE no tenían condenas penales. Ese porcentaje aumentó a más del 35% de todos los arrestos del ICE en 2019, según datos oficiales.

Después de un año de detención, el ICE alquiló un avión en mayo de 2019 y envió a Keita a Bamako, la capital de Mali. El ICE dijo que Keita no cooperó con una deportación a través de un avión comercial en 2018. Keita dijo que estaba haciendo todo lo posible para tratar de luchar contra su deportación.

Para la familia, seguirlo no era una opción porque Solomon, el niño mayor, tiene anemia de células falciformes, un trastorno sanguíneo poco común que requiere atención especializada, no fácilmente disponible en Mali.

Después de que su padre fuera deportado, Solomon internalizó su dolor mientras que su hermano menor Abdul “lo soltó todo”, dijo Kone, de 48 años. Lloró de una manera que ella nunca lo había escuchado llorar antes “como si alguien hubiera muerto”. Empezó a hacerse heridas.

Keita los llama de tres a cuatro veces al día, dijo Kone, y les dice que mantengan la esperanza. Vive en un pequeño apartamento cerca de sus padres, de 88 y 92 años, en Bamako. Kone lee las noticias y se preocupa: el presidente de Mali fue derrocado recientemente en un golpe militar, lo que podría desestabilizar aún más al país de África Occidental.

Keita era el sostén de la familia cuando trabajaba como mensajero de paquetes en Ohio. Kone, que también es de Mali y superó la estancia de una visa de turista hace 20 años, no tiene permiso para trabajar y después de que se acabaron sus ahorros ya no podía pagar el alquiler. Se mudó con los niños a un alojamiento provisto por una iglesia y luego a un hotel, parte de un esfuerzo local destinado a alojar a personas sin hogar en habitaciones de hotel para evitar la propagación del coronavirus.

Kone dijo que espera que una victoria de Biden haga que “todo sea normal” nuevamente. Pero buscar la repatriación de alguien que ya ha sido deportado requeriría una orden de un juez para reabrir el caso, un proceso legal complicado, dijeron abogados de inmigración.

“Nunca pedimos ayuda. Tuvimos una buena vida, una linda casa en los suburbios, él trabajó muy duro”, dijo Kone. “Ahora todo está patas arriba”.

VARADO TRAS AYUDAR A SOLDADOS DE EEUU

En Irak, Amer Hamdani trabajó para contratistas militares estadounidenses, brindando apoyo de seguridad para instalaciones del país norteamericano. Ahora, a menudo lucha por alimentar a su familia mientras espera en Jordania a poder ingresar a Estados Unidos como refugiado.

El trabajo que tenía el hombre de 44 años lo convirtió en una alta prioridad para el reasentamiento, bajo un programa especial para iraquíes en riesgo debido a su asociación con el gobierno de Estados Unidos desde la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Dijo que huyó con su esposa y sus tres hijos en 2014 después de que sus amigos le dijeron que su nombre estaba en una lista negra para ser asesinado con otras personas que habían trabajaron para empresas estadounidenses, compilada por seguidores del clérigo populista Moqtada al-Sadr.

Mientras espera una decisión sobre su solicitud de estatus de refugiado en Estados Unidos, no tiene permiso para trabajar en Jordania. Depende del dinero que su hermano le envió desde Texas.

“La situación es miserable”, dijo. Vive en las afueras de la capital, Ammán. “No pensé que Estados Unidos nos abandonaría así”, dijo.

Debido a la intervención militar de Estados Unidos en Irak y Afganistán, la demanda del programa especial que solicitó Hamdani se expandió dramáticamente, lo que generó retrasos durante los gobiernos anteriores, dijeron expertos en refugiados.

Hamdani ya había presentado su solicitud cuando Trump ganó la presidencia. Pero después de que Trump asumió el cargo en enero de 2017, el gobierno comenzó a recortar drásticamente el tamaño del programa de refugiados.

En el año fiscal 2020, Estados Unidos dijo que solo se permitiría la entrada de 18.000 refugiados, la menor cantidad desde que comenzó el moderno programa de reasentamiento de refugiados en 1980. Si bien 4.000 de esos lugares fueron creados para iraquíes que apoyaban los intereses de Estados Unidos, solo 118 personas en esa categoría han sido admitidas hasta mediados de septiembre.

Además, 11 países, incluido Irak, enfrentaron nuevos niveles adicionales de investigación. Las admisiones para esos países se redujeron a un mínimo.

Ahora los funcionarios estadounidenses están sopesando si posponer o recortar aún más las admisiones de refugiados en el próximo año, lo que arroja más dudas sobre la solicitud de Hamdani, que había sido autorizado para viajar a principios de 2020.

Las organizaciones de reasentamiento dicen que, si bien las solicitudes de refugiados pueden llevar muchos años, las demoras que enfrentan las investigaciones adicionales en los países seleccionados han aumentado significativamente.

En el año fiscal 2016, antes de que Trump fuera elegido, Estados Unidos admitió a 9.880 refugiados de Irak. La cifra se redujo a 144 solo dos años después en 2018 y a 465 en el año fiscal 2019, según datos del gobierno.

El Departamento de Estado dijo que no podía comentar sobre casos específicos, pero que el “fuerte descenso” y el aumento de los tiempos de procesamiento para los iraquíes que ayudaron a las fuerzas estadounidenses se deben “a las actuales condiciones de seguridad en Irak y las limitaciones a los viajes debido al COVID-19”.

En la medida que el número de refugiados en general ha disminuido, la proporción de refugiados musulmanes en comparación con los cristianos también ha bajado, según un análisis de datos gubernamentales compartidos con Reuters.

En el año fiscal 2017, el 43% de los 53.716 refugiados admitidos eran musulmanes, mientras que el 44% eran cristianos. En el año fiscal 2020 hasta mediados de agosto, el 71% de los 8.310 refugiados permitidos eran cristianos y solo el 21% eran musulmanes, mostraron los datos.

La campaña de Biden se ha comprometido a admitir a 125.000 refugiados al año si es elegido. Pero la dramática reducción del programa podría generar retrasos, incluso si el límite se levanta rápidamente.

Con menos personas ingresando al país cada año bajo la presidencia de Trump, oficinas administradas por organizaciones sin fines de lucro y financiadas por el gobierno que ayudan a los refugiados que llegan se han cerrado en todo el país. Reabrirlas no siempre será posible, dicen las organizaciones de reasentamiento, lo que deja a los nuevos refugiados con menos servicios.

La administración Trump también firmó un decreto que obliga a los gobiernos locales a dar su consentimiento para el reasentamiento en sus comunidades.

La medida fue impugnada y bloqueada por un tribunal, pero el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, fue el primer funcionario electo en todo el estado que dijo que no quería recibir refugiados antes del fallo del tribunal que bloqueo la medida.

Hamdani espera reunirse con su hermano cerca de Dallas, en Texas.

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Reportaje gráfico (inglés) tmsnrt.rs/3n1x6iT

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Editado en español por Juana Casas

Nuestros Estándares: Los principios Thomson Reuters.

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