11 de septiembre de 2009 / 17:22 / hace 8 años

Batalla por ley medios Argentina entra en fase decisiva

Por Nicolás Misculin

<p>La presidenta argentina, Cristina Fern&aacute;ndez de Kirchner, habla en una ceremonia en Buenos Aires, 20 ago 2009. La embestida del Gobierno de Argentina para aprobar una ley que desguazar&iacute;a conglomerados medi&aacute;ticos tendr&aacute; una batalla decisiva la pr&oacute;xima semana en el Congreso que podr&iacute;a desgastar m&aacute;s al oficialismo, mientras se aviva la tensi&oacute;n pol&iacute;tica en el pa&iacute;s. La presidenta de Argentina, Cristina Fern&aacute;ndez, con una baja popularidad y disgustada con la cobertura de grandes empresas period&iacute;sticas sobre su gesti&oacute;n, present&oacute; el proyecto hace dos semanas, acusando a algunos medios de "extorsi&oacute;n". REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo</p>

BUENOS AIRES (Reuters) - La embestida del Gobierno de Argentina para aprobar una ley que desguazaría conglomerados mediáticos tendrá una batalla decisiva la próxima semana en el Congreso que podría desgastar más al oficialismo, mientras se aviva la tensión política en el país.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con una baja popularidad y disgustada con la cobertura de grandes empresas periodísticas sobre su gestión, presentó el proyecto hace dos semanas, acusando a algunos medios de “extorsión”.

La Cámara de Diputados, presionada por el apuro oficial para aprobarlo, lo trataría el miércoles. Fernández pretende sancionar la iniciativa antes de diciembre, cuando perderá el control del Congreso tras la asunción de legisladores electos en junio, en comicios en los que el oficialismo fue derrotado.

El proyecto agudizó el enfrentamiento de Fernández con empresas poderosas como el Grupo Clarín, reinstalando el clima conflictivo que se vivió en el país el año pasado, cuando el Gobierno mantuvo una dura pelea por impuestos con el sector rural, el más pujante de Argentina.

El jueves, inspectores fiscales se presentaron sorpresivamente en la sede de Clarín, en una inusual operación que la empresa inscribió en el marco de una “intimidación” oficial. Según Fernández, nunca en Argentina hubo mayor libertad de expresión que en su gestión.

“(El ex presidente Néstor) Kirchner (marido y antecesor de la actual mandataria) y el Gobierno en este momento están librando una dura batalla con el grupo Clarín. Y Clarín ha aceptado el convite del combate. Ahora la guerra es hasta el final”, dijo a Reuters el analista político Ricardo Rouvier.

Kirchner es considerado una influencia decisiva en el Gobierno de su esposa.

El Grupo Clarín es la mayor empresa de medios de Argentina y una de las principales de habla hispana.

Según Rouvier, el proyecto, que apunta a desconcentrar el sector de los medios, sería aprobado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría, aunque anticipó un escenario más “complicado” en el Senado.

“El Gobierno considera a la ley de medios como la madre de todas las batallas. Si no logra aprobarla con este Congreso, puede ser una derrota política aún mayor que la sufrida” en el 2008, dijo el analista Rosendo Fraga, en alusión al rechazo de los legisladores a elevar impuestos a la agricultura.

“El problema para la gobernabilidad es que Kirchner juega a todo o nada, y ello pone en riesgo la gobernabilidad”, agregó Fraga, del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

POLEMICA

El proyecto, que podría favorecer el ingreso de firmas telefónicas al servicio de televisión pagada, busca dar más participación al Estado y a organismos no gubernamentales en el mercado audiovisual, pero la iniciativa quedó envuelta en una polémica por la guerra abierta entre Clarín y el Gobierno.

Mientras que el Gobierno acusa al grupo periodístico de tener una posición monopólica que explota atacándolo, Clarín, que compite en el mercado editorial y de TV con otras empresas, afirma que el oficialismo pretende controlar a los medios.

La pelea de Fernández con Clarín salió a la luz en el 2008, durante las protestas del sector agrario por la intervención oficial en los mercados de alimentos, cuando el Gobierno acusó al grupo de apoyar a los chacareros.

El reciente involucramiento del Estado en la transmisión por televisión de los partidos de fútbol -un negocio del que participaba Clarín- y el cuestionamiento oficial a una fusión de empresas operadoras de televisión pagada que pertenecen al grupo también avivaron la pelea.

Los críticos del proyecto oficial señalan que con la nueva ley el órgano de control de los medios quedaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo, lo que podría dar discrecionalidad al Gobierno para otorgar licencias.

Actualmente un solo funcionario designado por el presidente se encarga de regular la radiodifusión.

“A partir del recrudecimiento del conflicto del Gobierno con los medios, aparece este proyecto que claramente es un traje a medida para los amigos del poder”, dijo la diputada Silvana Giudici, de la opositora Unión Cívica Radical, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Otras críticas apuntan a que la ley obligaría a diversos grupos a deshacerse de algunos de sus medios.

“La ley es muy mala, no contempla la realidad. Tiene varios artículos que violentan el derecho de propiedad”, aseguró a Reuters Daniel Vila, titular del grupo Uno, que tiene canales de televisión y estaciones de radio en varios puntos del país.

Con la ley, que también afectaría intereses del español grupo español Prisa -con inversiones en la radiofonía local-, Clarín se vería obligado a desprenderse de un canal de televisión abierta o de un operador de cable, además de otros negocios menores.

Pero la situación es diferente para las telefónicas Telecom Argentina y Telefónica, cuyo acceso a la televisión pagada podría verse favorecido para brindar el servicio conocido como “triple play”, que conjuga datos, imágenes y sonidos.

“Inevitablemente se va a dar el ingreso de las telefónicas a la prestación del servicio de radiodifusión”, dijo Glenn Postolski, investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El proyecto tiene grandes lineamientos que lo hacen muy democrático. Lo importante es la discusión de fondo, lo otro forma parte de la chicana de la política inmediata”, concluyó.

Editado por Lucila Sigal y Guido Nejamkis

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