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Parlamento Nicaragua aprueba cadena perpetua, opositores denuncian persecución

Foto de archivo. Diputados asisten a sesión parlamentaria sobre la aprobación de la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", en el edificio del parlamento nicaragüense en Managua, Nicaragua 15 de octubre de 2020.REUTERS/Oswaldo Rivas

MANAGUA, 10 nov (Reuters) - El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó el martes una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua por delitos de odio, entre las críticas de opositores y organismos de derechos humanos que lo ven como una vía para que el Gobierno pueda perseguir a sus rivales políticos.

La reforma, que debe ser ratificada por el Legislativo en 2021 para entrar en vigencia, sigue a la reciente aprobación de leyes para regular a medios de comunicación y redes sociales, e impedir el financiamiento externo de partidos y organizaciones civiles.

Los parlamentarios leales a Ortega reformaron, con 70 votos a favor y 16 en contra, el artículo 37 de la Constitución, que establece que la pena máxima de cárcel no puede ser mayor a 30 años. Con la reforma, se exceptúan aquellos “crímenes crueles, degradantes, humillantes e inhumanos”.

El próximo año están previstas elecciones presidenciales. El presidente Daniel Ortega, un histórico líder de la revolución sandinista en los años 1970 y 1980 y que encadena mandatos consecutivos desde 2007, podría optar a la reelección.

La cadena perpetua se aplicaría a quienes cometan “delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación en la comunidad nacional”, dijo el diputado oficialista Wilfredo Navarro en el debate de la ley.

La vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció en septiembre que el Gobierno iba a proponer una reforma para instaurar ese castigo, tras una serie de violaciones y feminicidios en varias partes del país.

Después anunció que el plan incluiría “crímenes de odio” de los que la administración de Ortega acusa a la oposición desde las protestas en su contra en 2018, saldadas con más de 328 muertos, según organismos de derechos humanos, la mayoría a manos de la policía y civiles armados leales al Gobierno.

“No es una reforma jurídica y penal. Es una reforma con intereses políticos para perseguir a los opositores”, dijo Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

Reporte de Ismael López. Editado por Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez Galarza

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