December 18, 2019 / 2:51 PM / 7 months ago

Ser o no ser, el dilema de las aplicaciones de transporte con la regulación en Colombia

BOGOTÁ, 18 dic (Reuters) - Juan José se apresura a cubrir con un trapo rojo su teléfono celular en donde tiene abierta la aplicación de Uber cada vez que se aproxima un policía de tránsito por las calles de la capital de Colombia, para evitar que su auto sea confinado por tercera vez.

Foto de archivo: Repartidores de Rappi usan sus teléfonos celulares en Bogotá. 12 septiembre de 2019. REUTERS/Luisa González

Uber, la china Didi y Cabify -entre otras plataformas- operan en Colombia en medio de un vacío jurídico, porque si bien el Ministerio de Tecnologías de la Información permite su uso, la cartera de Transporte sostiene que prestan ilegalmente el servicio.

“Obviamente, conduce uno con mucha prevención por dónde anda (...), hay que estar pendiente de los retenes de la Policía”, dijo el hombre de 41 años, quien pidió ocultar su apellido para evitar inconvenientes.

En noviembre, su auto fue inmovilizado 20 días por la Policía tras ser atrapado trabajando para la aplicación. Tuvo que pagar el equivalente a 291 dólares.

Plataformas de diversos sectores están en el radar de las autoridades por supuestamente incumplir las regulaciones del país, en temas que van desde derechos laborales, hasta regulaciones de transporte y estatutos de comercio.

    Los emprendedores explican que las normas están diseñadas para modelos tradicionales y pueden amenazar el estatus del país como segundo destino más popular de la región para este tipo de inversión, detrás de Brasil.

Como ejemplo, en Chile, donde Uber sufrió un escenario parecido a Colombia, en julio fue aprobada en el Senado una ley para regular las aplicaciones, que está pendiente de entrar en vigencia.

   Uber recién canceló su plan de construir en Colombia su tercer centro de soporte de servicio de Latinoamérica, de 40 millones de dólares.

    “Colombia está rezagado, es el único país en Latinoamérica donde opera Uber en el que ni siquiera hay una charla regulatoria abierta y lo cierto es que ya no estamos nuevos aquí, llevamos más de seis años”, dijo a Reuters Nicolás Pardo, gerente de Uber en el país.

    “Los demás países o están regulados como México, Brasil, la ciudad de La Paz en Bolivia, Mendoza en Argentina y en los otros por lo menos hay una conversación”.

SER O NO SER

    El asunto cobra relevancia en momentos en que los fondos de capital cuestionan si vale la pena poner dinero en ideas buenas pero que no prometen ganancias pronto, tras recientes golpes en valoraciones como WeWork y Uber.

En octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio -que protege los derechos de los consumidores- abrió una investigación contra Rappi, por presuntamente incumplir una orden para acatar normas de comercio electrónico, que podría ocasionarle millonarias multas.

    Rappi argumenta que solo es un portal de contacto que conecta la oferta con la demanda -como Uber-, pero la autoridad afirma que es un establecimiento de comercio electrónico y es parte de la cadena de comercialización en donde se venden productos.

“Las demandas son por cosas que no son la realidad de nuestro negocio. Nos ponen contra la pared”, dijo Simón Borrero, cofundador de Rappi, en una videoconferencia. “Absolutamente puede frenar las inversiones”.

Rappi -que opera en ocho países de la región- recibió este año 1.000 millones de dólares del japonés Softbank.

    La autoridad colombiana admite que la complejidad de operación de las aplicaciones son un reto de regulación, pero afirma que las normas existentes son claras.

    “No estamos en contra de las startups, pero cualquier emprendimiento, cualquier idea creativa debe cumplir con los derechos de los consumidores”, enfatizó María Carolina Corcione, delegada de protección al consumidor.

    Rappi también enfrenta protestas de los domiciliarios o “Rappitenderos”, que rechazan que no los consideren empleados y no cubran sus pagos de seguridad social.

El venezolano Miguel Hurtado agradece la oportunidad de ser “Rappitendero” tras huir de una profunda crisis en su país, pero admite su malestar por sus bajos ingresos -de unos 58 dólares semanales- no goza de prestaciones sociales y su jornada laboral ha aumentado a 11 horas diarias.

“En mi opinión, deberían compensar y pagar un poquito más”, dijo Hurtado. “A mí no me importa no tener un seguro médico, pero por lo menos que el pago por los pedidos sea mejor”.

    Abogados especialistas en la ley laboral colombiana afirman que no existe un modelo de contratación que aplique para esta forma de trabajo, mientras inversores concuerdan con que haya regulación, pero sin exagerar.

    “Hay que tener mucho cuidado que la regulación no asfixie la innovación y que entiendan que tiene que evolucionar en la medida en que la forma de hacer las cosas van cambiando”, dijo Mauricio Saldarriaga, socio director del banco de inversión Inverlink.

El gerente general de Uber Colombia, Nicolás Pardo, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá. 12 de diciembre de 2019. REUTERS/Luisa González

Algunas startups han logrado adaptarse, aunque signifique costos adicionales, como Domicilios.com -competencia de Rappi en Colombia-, que comenzó a pagar seguridad social a sus domiciliarios.

    Ya legisladores han comenzado a tomar nota. El congresista Mauricio Toro presentó en noviembre un proyecto de ley para incorporar normas para trabajo digital, y otro para reglamentar el transporte privado intermediado por plataformas.

    “Tenemos que crear el marco normativo y la reglamentación necesaria para dar seguridad jurídica a las inversiones que ya están y las que están por venir”, dijo. “Muchos de esos fondos de inversión están tímidamente con un pie acá con susto y buscando en dónde ponen el otro para asegurarse y si no encuentran las condiciones, pues se van”.

Reporte de Nelson Bocanegra; Editado por Javier López de Lérida

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