September 26, 2019 / 1:18 PM / 3 months ago

Militares y exfuncionarios deben ser investigados por desaparición estudiantes México: experta

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La investigación sobre la desaparición hace cinco años de 43 estudiantes en el suroeste de México debe profundizar tanto sobre el papel que jugaron militares en los hechos como en los exfuncionarios que hubieran manipulado información, dijo Ángela Buitrago, consultora para la CIDH.

Foto de archivo de una mujer con un cartel durante una marcha en Ciudad de México para conmemorar el mes 55 desde la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos. 26 de abril de 2019. REUTERS/Henry Romero

Despejar la incógnita sobre lo sucedido la noche del 26 septiembre del 2014 a los estudiantes de una escuela normal rural en Ayotzinapa, en el violento estado Guerrero, se ha vuelto crucial para que el actual gobierno de México demuestre su compromiso con la justicia y el combate a la impunidad.

La semana pasada, la fiscalía especial encargada del caso dijo que empezarían de cero las investigaciones, tras reconocer serias fallas cometidas por el anterior gobierno del expresidente Enrique Peña, en las que militares que estuvieron en momentos clave de la desaparición dieron precarias declaraciones, hubo fabricación de pruebas, declaraciones obtenidas bajo tortura, entre otras anomalías.

“Deben ser investigados altos funcionarios que tuvieron conocimiento de los hechos y militares que estuvieron presentes en momentos clave”, dijo Buitrago a Reuters, quien fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, que colaboró con México de forma externa en las pesquisas.

La también exfiscal colombiana dijo que es “necesario” hacer esto para avanzar “significativamente” en las investigaciones que emprenda la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, a cargo de Omar Gómez, creada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre.

La liberación este mes de Gildardo López, presunto líder de la organización delictiva “Guerreros Unidos” y uno de los principales señalados en el caso, así como la de 24 policías municipales por fallas en el proceso indignaron a familiares de los desaparecidos y encendieron la alarma de autoridades de derechos humanos sobre la posibilidad de la liberación de otros presuntos implicados.

Pero Buitrago, quien ha llevado a prisión a funcionarios de alto nivel y militares en Colombia, consideró que no todo está perdido y dijo que podrían volver a ser acusados por otros delitos relacionados con el caso para ser llevados nuevamente ante la justicia.

“En varios casos pueden ser investigados (...) por hechos que tienen relación con el caso”, destacó Buitrago, quien colabora ahora en las pesquisas como consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su momento, el GIEI desmintió la versión oficial de que los normalistas habían sido quemados en un basurero en Cocula, a unos 20 kilómetros de Iguala, en Guerrero, versión que el exfiscal general de Peña, Jesús Murillo, aún sostiene como verdadera.

Como parte de las nuevas investigaciones, se han realizado ya trabajos de búsqueda en otros sitios en Guerrero, dijo a Reuters una fuente involucrada en el caso pero que pidió el anonimato, incluyendo Tepecoacuilco, a 15 kilómetros de Iguala.

La fiscalía general, de la que dependen las investigaciones del caso Ayotzinapa, dijo que tenía conocimiento de los nuevos trabajos, pero no de las locaciones específicas, en respuesta a una petición de Reuters de comentario sobre lo afirmado por la fuente.

Padres de los jóvenes desaparecidos han insistido que tanto Murillo como Tomás Zerón, quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los principales responsables de las investigaciones en el gobierno de Peña, deben de comparecer ante la fiscalía.

Gómez dijo recientemente que se llamarán a exfuncionarios a cargo de las pesquisas, aunque no precisó quienes.

“Es positivo que el gobierno haya dado un nuevo giro en la investigación porque esto permitirá avanzar en lo que ya había sido recomendadas por el GIEI. Esto da nuevas esperanzas a los padres”, agregó Buitrago.

Reporte de Lizbeth Diaz, editado por Adriana Barrera y Juana Casas

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