March 5, 2019 / 8:14 PM / 2 months ago

ENFOQUE-"Un gran paso que no es suficiente": Ecuador debate flexibilizar ley de aborto en casos de violación

QUITO (Fundación Thomson Reuters) - Gabriela no recuerda cuándo fue violada porque estaba desmayada en el momento en que esto sucedió.

Mujeres participan en una marcha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres en Quito, Ecuador, el 19 de marzo de 2016. REUTERS/Guillermo Granja

    La estudiante ecuatoriana de psicología de 27 años había estado tomando antidepresivos y pastillas para dormir de forma regular.

Una noche, cuando se alojaba en la casa de un amigo, tomó la combinación habitual que “no me hace sentir nada”, señaló.

    Su amigo, un examante en el que creía que podía confiar, decidió aprovecharse.

    No fue hasta tres meses después, cuando descubrió que estaba embarazada, que se dio cuenta de lo que había sucedido.

    “Lo negué. No quería aceptarlo, porque significaba que tendría que enfrentar algo horrible”, dijo Gabriela, quien pidió que no se usara su nombre real.

    Cuando una amiga confirmó su embarazo y le preguntó qué quería hacer, ella le dijo que quería un aborto.

    Los abortos son ilegales en Ecuador, excepto en dos circunstancias: si la vida de la mujer embarazada está en riesgo, o si el embarazo es el resultado de la violación a una mujer con discapacidad mental.

    Gabriela sabía que si buscaba un aborto no podría presentar cargos contra su violador, porque la policía lo averiguaría en su investigación y podría ser acusada y enviada a prisión. Pero ella quería poner fin a su embarazo de todos modos.

“No es sólo lo que haya hecho y deshecho con mi cuerpo pero yo no le iba dar el poder de dañar toda mi vida”, dijo Gabriela sobre su abusador.

    En enero, la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó a debatir un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto e inseminación artificial forzada.

     Si se aprueba, Ecuador se unirá a otros países latinoamericanos que ya permiten el aborto en casos de violación, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y México.

    Otros países de la región lo han prohibido por completo, incluidos Honduras, Nicaragua y El Salvador.

    Las leyes de aborto en Ecuador están vigentes desde 1938. La última vez que el país debatió si legalizar o no el aborto en casos de violación, en 2013, la asamblea votó en contra.

    El entonces presidente Rafael Correa dijo que nunca aprobaría las reformas e incluso amenazó con renunciar si la asamblea votaba a favor.

    La nueva legislación, si se aprobara, sería un “paso fundamental” para los derechos de las mujeres en el país, dijo Wilma Andrade, legisladora del partido Izquierda Democrática y una de las más prominentes defensoras del proyecto de ley.

    “No es suficiente, pero es un gran paso”, dijo.

VIOLACIÓN Y EMBARAZO

Las reformas han recibido una fuerte oposición de parte de la influyente Iglesia Católica Romana y los miembros más conservadores de la asamblea. Muchos de sus argumentos se centran en aumentar las penas para los violadores, en lugar de facilitar el acceso al aborto.

    En un debate celebrado en febrero, Pedro Curichumbi, del partido de la derecha CREO, dijo que si el aborto se legalizaba en casos de violación, “se constituirá en un deporte, en un pasatiempo”, alentando a hombres y jóvenes a seguir violando a las mujeres.

    Pero los partidarios de las reformas del aborto se han centrado en las epidemias de violaciones de niñas y embarazos de menores en Ecuador.

    En los últimos tres años, se han reportado casi 14.000 casos de violación en el país, 718 de ellos de niñas menores de 10 años, dijo Andrade, quien habló en la asamblea en enero, citando números de la oficina del fiscal general.

    Entre 2008 y 2018, más de 20.000 niñas menores de 14 años dieron a luz, de acuerdo a las estadísticas de la oficina del fiscal general, según los mismos datos.

“Aquí se hablaba de embarazos de niñas, pero eso es una violación. No es que una niña se embaraza”, contó la legisladora Andrade a Reuters.

    “Muchas veces son los padres, son los familiares, pero no se denuncia”.

ABORTOS PELIGROSOS

Durante casi cinco años, Verónica Vera ha estado trabajando con el grupo por los derechos de las mujeres, Las Comadres, que ofrecen apoyo a quienes hayan decidido practicar un aborto casero.

    El grupo asesora a las mujeres sobre cómo acceder a la píldora abortiva Misoprostol y una “madrina” se queda con ellas mientras las toman, para explicar los efectos secundarios que pueden esperar, así como cuáles son sus derechos legales si tienen que ir al hospital.

    “Nunca (apoyé a una mujer) en un caso de violación que no estaba dentro del círculo social cercano”, dijo Vera, lo que significa que el violador era un amigo, familia o colega.

    Los grupos de derechos de las mujeres sostienen que la prohibición del aborto afecta más a las mujeres de la clase trabajadora.

Los sectores más ricos también enfrentan agresiones sexuales y buscan abortos, dijo Vera, pero tienen los recursos para pagar los 1.500 a 3.000 dólares para obtener un aborto en condiciones seguras o viajar a otros países para terminar con sus embarazos.

    Las mujeres más pobres se ven obligadas a buscar abortos callejeros que pueden llevar a complicaciones, infecciones y muerte.

    Los abortos inseguros representaron el 15,6 por ciento de todas las muertes en Ecuador en 2014, la quinta causa de mortalidad más grande para las mujeres y la tercera causa de muertes maternas, dijo el Ministerio de Salud en un estudio publicado en 2017.

    Cuando las mujeres acuden a los hospitales públicos para buscar ayuda para las complicaciones después de los abortos, corren el riesgo de que los médicos las informen a la policía.

    Entre 2013 y 2018, más de 300 mujeres fueron procesadas por interrumpir sus embarazos, según Surkuna, un grupo de abogados sin fines de lucro que lucha por los derechos de las mujeres.

    El proyecto de ley sobre el aborto debe pasar por dos rondas de debates en la asamblea antes de que los legisladores emitan sus votos.

    La legislación debe ser aprobada por el presidente Lenin Moreno, quien también tenía poder de veto. Se espera que el proceso se complete en junio, según Andrade.

    Gabriela dice que no espera ver justicia por su violación. Ahora quiere trabajar con otras mujeres que han tenido experiencias similares para empoderarlas con el fin de que compartan sus historias porque “hay muchos de estos casos aquí”.

“Las personas a las que cuento esta historia ahora dicen que soy muy fuerte, pero no creo que sea fuerte”, dijo Gabriela. “Creo que soy una sobreviviente”.

Por Kimberley Brown; Editado en español por Juana Casas; La Fundación Thomson Reuters es la rama caritativa de Thomson Reuters, que cubre noticias sobre temas humanitarios, derechos de la mujer, corrupción y cambio climático. Visite: news.trust.org

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