January 23, 2020 / 12:21 PM / a month ago

Principales propuestas de reforma judicial en México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - El contenido de los borradores de una polémica reforma judicial planteada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación entre diversos organismos porque, sostienen, limitará las garantías individuales. [nL1N29Q0WH]

FOTO DE ARCHIVO. El líder narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado a su llegada al aeropuerto Long Island MacArthur en Nueva York, EEUU. 19 de enero de 2017. U.S. officials/Handout vía REUTERS.

A continuación, las reformas que han prendido las alarmas en días recientes:

LEY DE AMPARO

La iniciativa para reformar la Ley de Amparo busca restringir el uso de los mismos para evitar dilatar las extradiciones, algo que ha sido usado por la defensa de varios narcos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos. [nL1N29K05E]

Entre otras cosas, se acorta el tiempo para interponer el recurso de amparo para una sentencia definitiva condenatoria de ocho a cinco años y se reduce a una sola vez el diferimiento de las audiencias para rendir pruebas.

“Con la finalidad de evitar que se abuse de la suspensión del acto reclamado, en caso de extradición, se establece que la suspensión no se conceda de oficio y de plano”, dice el borrador de la iniciativa publicado la semana pasada por Reuters.

“La anterior propuesta cobra suma relevancia pues en estos casos la medida de referencia ha sido empleada de forma abusiva, con fines dilatorios y de mala fe”, agregó.

ARRAIGO

La propuesta de reforma constitucional amplía el arraigo a todos los delitos, ya no sólo a la delincuencia organizada, como figura actualmente.

Además, duplica los tiempos para realizar investigaciones en delitos por hechos de corrupción o con relevancia social. Actualmente, ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas.

También, se busca permitir que las solicitudes de cateo puedan ser interpuestas ya no sólo por el Ministerio Público, sino también por “la víctima u ofendido”.

INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.

Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.

“Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas” por un juez, dice el borrador.

Además, se autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios actualmente prohibidos por la Constitución.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 sostienen que el propuesto Código Penal Nacional unificado busca, en la práctica, volver a incorporar los delitos contra el honor: difamación, calumnia e injuria.

“A quien fuera de una contienda de obra o de palabra y con ánimo de ofender, ejecute una acción o profiera una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado (...) se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa”, dice el artículo 486.

Además, sanciona los hechos contra el “orden o paz pública”, términos ambiguos que se remontan a una anacrónica ley de imprenta declarada por organismos internacionales como restrictiva de la libertad de expresión.

PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la iniciativa para un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se incluye la “presunción de responsabilidad”, en la que se puede señalar como responsable al imputado que se niegue a ser examinado por peritos “sin causa justificada”.

Otra propuesta duramente recibida ha sido la eliminación de los jueces de control, encargados de reunir y valorar las evidencias en la fase previa a un juicio, minando la imparcialidad, según activistas, porque ambas acciones recaerían sobre una misma persona.

Reporte de Diego Oré, editado por Ana Isabel Martínez/Gabriela Donoso

Nuestros Estándares:Los principios Thomson Reuters
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below