May 21, 2019 / 8:14 PM / 3 months ago

OEA y oposición presionan a gobierno de Nicaragua a seguir liberando "presos políticos"

Foto de archivo: Un manifestante participa en una protesta contra el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la Catedral Metropolitana de Managua, Nicaragua, 17 de mayo de 2019. REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo

MANAGUA, 21 mayo (Reuters) - La Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición nicaragüense presionaron el martes al gobierno de Daniel Ortega para que libere a la totalidad de los denominados “presos políticos” que todavía permanecen tras las rejas, luego que su administración excarcelara a cientos en días recientes.

La Alianza Cívica, que agrupa a las fuerzas de oposición, anunció un paro nacional a partir del jueves, pidiendo la excarcelación de los “presos políticos”, que el Gobierno cifra en 132 y sus adversarios en más de 500.

“Este será un paro cívico y pacífico que abarca todo el territorio nacional y todas las actividades económicas”, aseguró un grupo de empresarios en un comunicado.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA sesionó la tarde del martes en Washington para debatir la crisis en el país centroamericano y, además de pedir las liberaciones, exigió “elecciones libres, justas, transparentes” y “libertad de expresión” y “derechos a la manifestación pacífica”.

Canadá, país que convocó la sesión de la OEA, pidió la “liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019, según lo acordado por las partes en la mesa de negociación”, de acuerdo con el borrador de resolución disponible.

El lunes, el Gobierno excarceló a 100 reos, considerados “presos políticos” por la oposición, luego de que la oposición abandonó el diálogo.

Las tensiones volvieron a caldearse en Nicaragua después de que la semana pasada un opositor encarcelado murió de un disparo en un incidente confuso en una cárcel de Managua.

Ortega, de 73 años, vive su peor crisis política desde que retomó la presidencia en 2007. Masivas protestas exigiendo su renuncia fueron reprimidas por la fuerza pública y, según diversos organismos de derechos humanos, han causado la muerte de más de 320 personas desde abril de 2018. 

Reporte de Ismael López; editado por Diego Oré

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