May 17, 2018 / 12:12 PM / 7 months ago

Grupos de activistas auguran una nueva fase conflictiva del independentismo catalán

BARCELONA, 17 mayo (Reuters) - Manifestantes enmascarados vitorean y saludan a los autos que atraviesan sin pagar peajes abiertos junto a un pequeño pueblo al sur de Barcelona, ​​enarbolando una pancarta que dice “Bienvenidos a la República Catalana”.

Un hombre agita una "Estelada", bandera separatista catalana, frente al Palacio de la Generalitat en Barcelona, España, el 17 de mayo de 2018. REUTERS / Albert Gea

    Los encargados de levantar las barreras de los peajes y llevar a cabo acciones similares en la rica región española son grupos locales que se autodenominan Comités de Defensa de la República (CDR), en un momento de estancamiento de la vía institucional debido a la intervención de la región por el Gobierno central español desde hace más de seis meses.

    A finales de octubre del año pasado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cesó al gobierno catalán y convocó elecciones en la región con la intención de frenar sus ambiciones secesionistas, tras un mes de tensión en aumento que había comenzado con un referéndum soberanista prohibido y culminó con la declaración unilateral de independencia justo antes de la intervención.

Sin embargo, la estrategia de Rajoy solo sirvió para postergar el enfrentamiento, ya que en los comicios del 21 de diciembre las fuerzas independentistas reeditaron la mayoría en el parlamento catalán. Tras varias candidaturas fallidas, la cámara regional eligió el lunes un nuevo “president”, el separatista de línea dura Quim Torra, que había sido propuesto por el expresidente Carles Puigdemont.

    Torra ha ofrecido un diálogo con Madrid, pero también ha manifestado sus intenciones de trabajar por la creación de una república catalana, reavivando la incertidumbre en una región responsable de una quinta parte del PIB español.

    La misma ambivalencia se puede encontrar en los aproximadamente 300 CDR.

    De estructura abierta y asamblearia, independientes en gran medida de los partidos políticos y con tácticas a veces divergentes, su expansión pone de relieve que la vía judicial elegida por el Gobierno de Madrid para frustrar el independentismo está al mismo tiempo convirtiéndolo en un movimiento más impredecible y, en ocasiones, más radical.

    Desde los CDR, fundados para ayudar a organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, ocultando miles de urnas a las autoridades españolas, insisten en que son y seguirán siendo pacíficos.

    El crecimiento del movimiento ha causado nerviosismo en Madrid y los analistas dicen que podría empujar la peor crisis política española en décadas a territorios desconocidos.

    “Creen que nos han cortado la cabeza, pero la gente sigue aquí”, dijo Joan, un directivo bancario jubilado de 62 años, en la asamblea de un CDR de un barrio de Barcelona. “Mantenemos la llama viva”.

Pese a participar en iniciativas de perfil bajo como repartir panfletos informativos sobre la secesión a los turistas o formar parte de una carrera de relevos hasta Madrid para mostrar solidaridad con los líderes independientes encarcelados, las 26 personas presentes en la reunión prefirieron no revelar sus apellidos y pidieron a Reuters que no se mencionara el barrio al que pertenecen.

Argumentaron esta decisión mencionando la reciente detención de una mujer en Viladecans (Barcelona) acusada de presuntos delitos de rebelión y terrorismo con relación a actos de protesta organizados por CDR a principios de abril. La mujer ha negado que haya elementos que puedan relacionarla con actividades de sabotaje o terrorismo.

Un portavoz de la Guardia Civil prefirió no realizar comentarios sobre si había otras investigaciones abiertas, indicando que la detención en abril fue una “acción policial basada en sospecha de delitos”.

El juez dejó a la mujer en libertad condicional, rebajando la acusación al presunto delito de desórdenes públicos.

Editado por Julien Toyer y Gareth Jones; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid

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